Kirchner buscó así cerrar una discusión. De este modo, desautorizó a uno de sus ministros y dio un claro apoyo al titular de Educación, Daniel Filmus, quien se había opuesto al planteo de su colega en el Gabinete.
"No está en discusión la autonomía universitaria. Ratifico el respeto por la facultad constitucional que poseen las instituciones para determinar los mecanismos de acceso a los estudios superiores —dijo el Presidente—. La autonomía académica es una de las estrategias principales para garantizar la continuidad de los proyectos universitarios más allá de las coyunturas políticas particulares", sostuvo Kirchner, durante una reunión que mantuvo ayer con Filmus.
"Ginés opinó como docente y se olvidó que era ministro", comentaron ayer a Clarín fuentes del Gobierno. Y aseguraron que este gesto presidencial no deja tambaleando al ministro de Salud. "No queda desacomodado. Este es un hecho aislado, el Presidente está conforme con él, y lo damos por terminado acá".
Para el titular de Educación, el más alto respaldo llegó, además, con un refuerzo presupuestario de 18 millones de pesos para distribuir entre las 37 universidades nacionales. Esos fondos se destinarán a la investigación y a programas de articulación entre el sistema superior y la secundaria.
Con sus declaraciones, González García llegó a entrometerse en un terreno que excede a sus atribuciones. E instaló un debate que no estaba en los planes de nadie. En el Gobierno consideran que fue demasiado lejos con algunas de sus opiniones: "El decano de la Facultad de Medicina, Salomón Muchnik, dijo que la planificación del recurso humano la hacen ellos. Si esto es así —había dicho el funcionario en una entrevista con Clarín, realizada el jueves—, creo que la autonomía universitaria de la Reforma del 18 hoy es de un conservadurismo feroz. Más que autonomía es autismo".
Fuentes del Palacio Pizzurno confiaron que Filmus habría pedido al Presidente que lo respaldara en esta discusión. Y también habría aconsejado la necesidad de dar una señal política desde el Gobierno para frenar un tema que, actualmente, no es una discusión en el ámbito universitario, y que podría terminar en conflicto.
Filmus intentó parar la polémica hace treinta días. Y volvió a hacerlo esta semana. Pero lo que dijo no fue suficiente: "Por la Constitución y por la Ley de Educación Superior, las universidades tienen autonomía para decidir sobre este tema —le contestó a González García—. Nadie sino cada facultad puede saber cuántos profesionales puede formar con altos niveles de calidad".
Fue la segunda vez en un mes que el ministro de Salud criticó la formación de los médicos, y apoyó el cupo en el ingreso a Medicina. En las dos oportunidades lo hizo en Córdoba. Allí, la universidad nacional fijó recientemente en 550 las vacantes anuales para ingresar a esta carrera.
Aunque las declaraciones del presidente Kirchner se conocieron a última hora de la tarde, ya desde muy temprano —en entrevistas radiales—, González García intentó suavizar el tono de sus declaraciones, en cuanto a que el país no necesita más médicos sino mejores. Ayer negó haber hablado de cupos, y aseguró que trabaja con los decanos de Medicina para "recapacitar y mejorar la calidad de los médicos que ya están ejerciendo".
A la polémica por el ingreso a Medicina, el ministro de Salud sumó el jueves un nuevo cuestionamiento al sistema de educación superior. Cargó contra los psicólogos egresados en las universidades nacionales. "Se están formando profesionales lacanianos y psicoanalíticos —opinó—, cuando los problemas del país son los derivados del alcoholismo, las adicciones y la violencia social".
A esa altura ya habían salido a oponerse a sus planteos el decano de Medicina de la UBA, Salomón Muchnik, y la decana de Psicología, Sara Slapak. Tampoco se quedó callado el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese: "No está demostrado que el cupo sea factor de calidad —dijo—. Los procesos de selección deben darse dentro de la Universidad, no en la puerta".
Para terminar con la discusión, tal vez el Presidente recordó ayer que la ley de Educación Superior establece que el Estado debe resguardar la autonomía universitaria, al mismo tiempo que ejercer su derecho a opinar sobre el alcance social de sus acciones. El Estado es garante público de su calidad. Pero por mandato constitucional tiene vedado intervenir en su autonomía académica.
