Hace pocas semanas atrás, una algarada estudiantil en el hall del Palacio Pizurno le impuso a la autoridad educativa la firma de un compromiso. La amenaza de tomar el Ministerio logró que los manifestantes obtuvieran para la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) un dudoso privilegio: los funcionarios les concedieron que esa Facultad será la única, de las treinta en las cuales se enseñan carreras agronómicas, eximida de someterse a la evaluación académica a la que todas están obligadas por ley y que, una vez satisfecha, les permite otorgar títulos con reconocimiento y validez nacional.

La incoherencia institucional que quedó planteada puede sintetizarse del modo siguiente. Las carreras agronómicas son parte de las designadas "de interés público", esto es, aquellas cuyo ejercicio concierne a la salud, la seguridad o el patrimonio de la población.

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) fue creada por ley para verificar, en esas disciplinas, la calidad formativa que reciben sus graduados. La responsabilidad de hacer cumplir la norma legal corresponde al Ministerio de Educación quien, no obstante, resolvió conceder formalmente a la UNC la posibilidad de ignorar esa norma.

Altos funcionarios de esa cartera negaron posteriormente importancia al episodio. Afirmaron que sólo se había convalidado una situación de hecho, puesto que ya se entregaban títulos aún cuando la carrera no era evaluada. Y reconocieron, por último, que en definitiva la ausencia de evaluación hace que los títulos sean "de segunda clase" o, en otros términos, de calidad inferior.

Dejo a la consideración del lector las implicaciones legales, institucionales y políticas de estos hechos. Deseo sí, en cambio, referirme brevemente al significado de la evaluación académica de las carreras de interés público y, en particular, las agronómicas.

Pienso que la composición de la CONEAU logra un equilibrio adecuado entre dos objetivos potencialmente contradictorios. Por una parte, el deber del Estado de asegurar la competencia de profesionales que, como los de la medicina, la ingeniería o la agronomía, si no tuvieran la calidad necesaria podrían afectar valores comunitarios esenciales. Por otra, la preservación de la autonomía universitaria, que es preciso mantener libre de injerencias burocráticas.

En efecto, la ley dispone que la agencia se integre por doce miembros, de los cuales tres por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno por la Academia Nacional de Educación, tres por cada una de las Cámaras del Congreso, y sólo uno por el Ministerio Educación. Esa diversidad de origen e intereses aporta a la independencia y ecuanimidad.

Las resoluciones de la CONEAU respecto a la acreditación de los títulos, pueden dar tres resultados. En el caso de que una carrera satisfaga las condiciones establecidas, se aprobará su acreditación por seis años. Para los casos en los que las carreras no reúnan todas las características requeridas, pero propusieran planes que permitan esperar subsanar las deficiencias en un plazo razonable, se aprueba su acreditación por un período de tres años.

Las carreras que no cumplen con los requisitos de calidad exigidos ni hubieran propuesto planes de mejoramiento factibles, recibirán una resolución de no acreditación. En los casos de no acreditación la Ley establece que deben garantizarse los derechos de los alumnos a estudiar y recibirse en condiciones de calidad académica, para lo cuál el Ministerio de Educación se asegurará que la institución recurra, para su carrera no acreditada, al respaldo académico de otra que esté acreditada debidamente.

El Decano de Agronomía de la UNC fundamentó su decisión de no presentarse al proceso de acreditación en que, a su juicio, la ley de la Nación que lo obliga es de inspiración liberal. En apoyo de esa decisión un sector del alumnado, con la participación del Decano, mantuvo tomada la Facultad durante un largo período del año pasado.

Como hemos visto, el Poder Ejecutivo nacional convalidó de hecho esta posición. Quien, en cambio, resolvió oponerse activamente a ese planteo fue buena parte del cuerpo docente, con el apoyo posterior de graduados, alumnos, padres y representantes de la comunidad productiva. Por otra parte, las elecciones del claustro estudiantil dieron amplia victoria a quienes sostienen la conveniencia de la evaluación y acreditación

El pasado abril se realizó una jornada sobre el ejercicio profesional a la que fui invitado como Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. El problema de la acreditación surgió como tema excluyente entre los más de 300 asistentes y se trató exhaustivamente. En una asamblea de colegas surgida como corolario, se decidió proponer un debate público sobre el tema, que finalmente pudo concretarse, con participación del Decano, en el canal local de TV, así como la publicación de una carta abierta.

Lo que, en esencia, dijimos en esta última, es que para una Facultad aprobar la evaluación, lograr la acreditación y tener capacidad para emitir títulos válidos y reconocidos en todo el país y en el Mercosur no era una posibilidad sino una inexcusable obligación para con sus alumnos, sus egresados y su comunidad.

A quienes aspiran a ingresar y a quienes cursan, les proporciona garantías en cuanto a la calidad académica de la formación que obtendrán.

A los graduados les amplía significativamente la demanda laboral. La acreditación condicionada a la evaluación significa un valor agregado importante a su título con relación al reconocimiento social de su valía.

La comunidad, por último, paga con impuestos directos e indirectos el funcionamiento de las universidades públicas. La mayor parte de sus miembros no tendrán jamás el privilegio de estudiar en ellas. ¿Pero como no exigirles un funcionamiento más calificado, garantizado y reconocido que, a través de sus egresados, aporte a la modernidad y al desarrollo?

* Carlos H. Cadoppi. Presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA)