El preacuerdo de venta fue firmado en diciembre por el rector de la UBA, Guillermo Jaim Etcheverry, CAPMSA y la Armada Argentina. Esta cedería un terreno lindante para mudar allí el campo de deportes del Nacional de Buenos Aires, a cambio de la realización de unas obras que pagaría la UBA. A su vez, CAPMSA se quedaría con el campo de deportes actual, donde el Plan Maestro de la zona le permite construir edificios de altura. Y la UBA, con parte del predio de la Armada y —aparentemente— unos 50 millones de dólares.
 
Sin embargo, el preacuerdo parece tener sus bemoles. Así lo sostiene un documento que esta semana hizo circular el doctor Atilio Alterini, actual decano de la Facultad de Derecho y uno de los más firmes candidatos a ser elegido en las próximas semanas para reemplazar a Jaim en el rectorado. Alterini es, además, uno de los letrados que iniciaron el juicio en defensa de la propiedad de la UBA sobre el campo de deportes: unos 20 mil metros cuadrados (ubicados en Machaca Güemes y Juana Manso, a metros del exclusivo Hotel Hilton) que el ex presidente Menem enajenó a favor de CAPMSA en un decreto de 1989. Un juicio que la UBA —según coinciden Jaim y Alterini— tiene altas posibilidades de ganar.
 
En el documento se señala que:
 
El preacuerdo prevé vender 13.034 m2, por unos 50 millones de dólares, de los cuales la UBA se quedaría sólo con el 70%. El 30% restante quedaría en manos de CAPMSA, que (hasta que no termine el juicio) sostiene su derecho sobre el predio. Pero Alterini opina que se debería esperar a terminar el juicio para entonces determinar "si CAPMSA tiene derecho a ese 30%, a menos, o a nada (...) Me resulta inaceptable que se reconozca a CAPMSA el 30% del producido neto de la venta (...) unos 15.000.000 de dólares", lo que le parece un pago a CAPMSA para que dicha empresa admita "que la tierra que las leyes asignaron a la UBA son de la UBA".
 
También advierte que la UBA podría quedarse sin el predio y sin recibir dinero, porque el acuerdo admite la posibilidad de que CAPMSA pague no con dinero sino también con la realización de obras en el Colegio y en el Campo de deportes. "La estructura del negocio proyectado —dice el documento— no le asegura de ninguna manera a la UBA que obtendrá esa suma (...) por lo cual el negocio aparece prima facie como inconveniente para los intereses públicos (...) Me parece inaceptable que la UBA admita que el adquirente de su terreno pueda pagárselo entregándole otros inmuebles o realizando obras a su favor. La UBA debe recibir el dinero que le corresponde y aplicarlo como lo decida su Consejo Superior".
Alejandra Toronchik. atoronchik@clarin.com