Una jueza del fuero Civil y Comercial ordenó al Gobierno provincial frenar los cambios curriculares instrumentados en octavo y noveno años del tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB) y volver al sistema anterior después de las vacaciones de invierno. Las autoridades del Poder Ejecutivo de Mendoza adelantaron que apelarán la medida.

Las reformas aplicadas en marzo eliminaron horas de clase a materias como Tecnología y Formación Etica y Ciudadana e incrementaron la carga horaria en Lengua y Matemáticas, además de reestructurar el sistema de tutorías.

Esta resolución afectó inicialmente a muchos profesores, aunque la mayoría de ellos fue reubicado en otras escuelas.

Sin embargo, el Sindicato Unido Trabajadores de la Educación (SUTE) presentó un recurso de amparo al considerar ilegal la determinación de la Dirección General de Escuelas.

Las autoridades educativas dijeron que estos cambios son el comienzo de una transformación educativa mayor porque los alumnos "carecen, en general, de lectura mecánica y comprensiva y no saben resolver problemas básicos que plantean las matemáticas".

El fallo de la jueza Fabiana Martinelli sostiene que los cambios curriculares son inconstitucionales e inaplicables porque, entre otros argumentos, no fueron creados por el Consejo General de Educación de Mendoza que exige una ley promulgada en 2002. Según la Justicia local, ese organismo debió ser consultado obligatoriamente por las autoridades antes de la implementación de un nuevo plan.

Para no interferir con el normal dictado de clases, la jueza dispuso diferir los efectos de la sentencia hasta después de las vacaciones de invierno.

Enterado del fallo de la Justicia, el gobernador de Mendoza, Julio Cobos, afirmó que su gobierno apelará la decisión. "Vamos a apelar porque no vamos a detener un cambio que consideramos necesario —indicó—. Si no lo podemos hacer este año, lo haremos el próximo".

A su vez, la titular de la Dirección General de Escuelas, Emma Cunietti, anticipó que el Gobierno "no va a permitir que más de 50.000 chicos sean rehenes de un duro pleito que los jueces mantienen con el Poder Ejecutivo por la indexación de sus salarios".