En este año la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires cumplirá 18 años en el Programa UBA XXII, Universidad en Cárceles.

Este implica participar con distintas cátedras y sus docentes para el dictado de clases correspondiente a la currícula académica de grado, asistiendo regularmente a las unidades carcelarias federales, la Unidad N° 2 Devoto, Unidades N° 3 y N° 31 de Ezeiza, como así también a las Unidades N° 1 y N° 16 de Caseros hoy desactivadas.

Nuestra carrera ha sostenido y sostiene que la mejor defensa de esta propuesta diferente y única en el mundo —en cuanto garantiza el acceso al derecho al estudio universitario a personas encarceladas— es crear un espacio de libertad para poder mantener y promover un espacio académico de intercambio, producción y circulación de conocimiento entre docentes y alumnos/as privados de libertad, avanzando hacia un abordaje e intervención más amplio, incorporando a la vida universitaria en la cárcel los derechos humanos en su conjunto y complejidad, y promoviendo ámbitos de discusión, de investigación y de difusión.

Durante estos 18 años la tarea no ha sido sencilla. Siempre hemos tenido que sortear dificultades, algunas inevitables en el marco de lo que significa la vida carcelaria. Otras se han constituido, en especial desde hace más de diez meses, en verdaderos obstáculos para el desempeño de la actividad académica, en especial en la Unidad Nø 2 de Devoto, la que aglutina a la mayor cantidad de alumnos bajo la modalidad de este Programa.

Se han implementado diferentes y contradictorias medidas restrictivas por parte del personal del Servicio Penitenciario Federal, en relación al ingreso de los docentes de todas las unidades académicas participantes del Programa UBA XXII a la Unidad Penitenciaria, y se han extendido dichas medidas en relación a la asistencia regular de los alumnos al centro universitario (CUD), afectando por tanto a toda la comunidad académica. Tales medidas se han amparado en supuestos fundamentos de "seguridad" y son aplicadas en forma azarosa y arbitraria desconociendo nuestra trayectoria, en la que jamás hemos protagonizado conflicto alguno que desconociera los reglamentos penitenciarios. No sólo los docentes sino también los alumnos-presos son afectados, con el consiguiente impacto sobre la continuidad académica en dicho establecimiento.

Desde nuestra carrera hemos realizado los reclamos institucionales correspondientes, haciendo partícipes de los mismos a la Dirección del Programa y al Rectorado de la Universidad. Pero transcurrieron diez meses de aquellas primeras medidas, la situación continúa y todavía no hemos recibido respuesta alguna ni del Servicio Penitenciario Federal ni del Ministerio de Justicia.

Desde la carrera de Sociología reafirmamos nuestro interés y compromiso con los docentes, con los alumnos y con el Programa.

Esperamos las respuestas institucionales que garanticen el debido respeto, reconocimiento y continuidad de esta propuesta.

* Alcira Daroqui, Coordinadora de la carrera Sociología-FCS en el programa UBA XXII- Universidad en cárceles.