Hacer un balance del sistema educativo argentino en el año 2005 y visualizar sus tendencias requiere incluir este presente dentro del mediano y el largo plazo.
Difícilmente pueda realizarse una evaluación adecuada de los logros y fracasos del sistema educativo si acotamos el juicio a los hechos de estos últimos doce meses. Lo mismo ocurre si sólo hacemos foco en las debilidades del sistema, tendencia que es bastante habitual.
Procurando no caer en un análisis maniqueo, este balance se propone registrar por un lado las fortalezas y por el otro las debilidades de lo acontecido.
Quizá convenga empezar por afirmar que el porcentaje del PBI destinado a educación mejoró respecto del año anterior. No obstante, el mismo sigue siendo insuficiente y continúan siendo muy poco equitativos ciertos criterios de distribución de los recursos que impone la coparticipación federal. Asimismo, mirando los últimos cinco años, en algunas provincias el porcentaje de presupuesto asignado al área sobre el gasto total ha bajado.
Siguiendo con algunos necesarios llamados de atención, recordamos que en marzo varias provincias demoraron el inicio del ciclo lectivo a raíz de conflictos salariales irresueltos que, lamentablemente, se fueron agravando a lo largo del año. Llegar a los 180 días de clase en todas las jurisdicciones del país parece ser una utopía inalcanzable.
Las desigualdades en la prestación del servicio son pronunciadas. Se pueden distinguir básicamente dos tipos de desigualdades.
Una es la que se da entre jurisdicciones. La otra se relaciona con las diferencias en la calidad de la educación que reciben los alumnos de distintos niveles socioeconómicos.
A estos elementos debemos añadir otros de similar gravedad: reclamos por edificios en muy malas condiciones, estudiantes que no aprueban el ingreso a la Universidad por deficiencias en la formación de la escuela media, aumento en los índices de deserción en algunas jurisdicciones, por sólo mencionar algunos ejemplos significativos.
Estos problemas no son nuevos. Son expresiones actuales de males endémicos de nuestro sistema la desigualdad, la baja calidad y la fragmentación. Por lo mismo, sería errado y pueril achacárselos al gobierno de turno. Sin embargo, son reales y muy graves, especialmente para una república que pretende ser democrática y justa.
Otros acontecimientos sellaron el año educativo en dirección virtuosa. No puede dejar de mencionarse el esfuerzo cotidiano de muchos actores del sistema, que aún en condiciones precarias consiguen resultados de calidad, así como el esfuerzo de las familias de todos los sectores que mayoritariamente siguen enviando sus niños al colegio con la esperanza de un futuro mejor. Y esto no es romanticismo: es sencillamente indispensable que la confianza en la educación pública no se agote.
Cabe destacarse asimismo la creciente participación de la sociedad civil a través de organizaciones que auxilian al sistema educativo. De particular relevancia resulta el hecho de que la problemática educativa integra no sólo la agenda social sino también la agenda política. Muestras de ello son Ley de Educación Técnica, las acciones destinadas a acercar libros a las escuelas tanto de Nación como de algunas provincias, las becas a estudiantes y, centralmente, la Ley de Financiamiento que ya tiene media sanción en el Senado. Esta última podría tener implicancias concretas muy positivas en el sistema educativo.
Sin embargo, para que ello suceda se necesitan dos condiciones sine qua non: la primera es que al momento de la sanción se aseguren los mecanismos políticos y jurídicos para garantizar el cumplimiento de la ley. Conocemos numerosos antecedentes de incumplimiento en esta materia. No está de más recordar que la Ley Federal de Educación ya establecía que un 6% del PBI debería destinarse al área, pero nunca se cumplió.
La segunda es que se invierta inteligentemente. No cualquier tipo de gasto nos va a llevar a buen puerto. Algunas políticas mencionadas en la Ley se presentan como muy auspiciosas: ampliar la oferta de nivel inicial y la jornada completa para escuelas de sectores carenciados.
Otras políticas son igualmente necesarias. Entre ellas, la mejora de los modelos de prestación del servicio que garanticen equidad con calidad y que impliquen, entre otras cosas, responsabilización por los resultados de las políticas; la desburocratización y la mejora de la carrera docente, incluidas formación y condiciones laborales.
Si se cumple la ley tendremos una oportunidad real para renovar la agenda. El foco de la misma dejará de estar centrada en el eterno reclamo por mayor presupuesto como condición necesaria para cualquier mejorar y pasará a centrarse en los temas vinculados al mejor modo de invertir un presupuesto digno.
En síntesis, el 2005 nos presenta dos escenarios posibles a mediano plazo: el primero, "el malo conocido", que implica incumplimiento de la ley, más discriminación y más fragmentación con calidad para pocos; y el segundo, una oportunidad que se esboza actualmente y que podría (dependiendo de cómo se realice el gasto en Nación y en cada una de las jurisdicciones) guiarnos hacia el sistema educativo justo, democrático y de calidad que se merecen todos los niños, niñas y jóvenes en nuestro país.