Daniel Filmus. Ministro de Educación de la Nación
En pocos días, el Senado de la Nación debatirá el proyecto de Ley de Educación Técnica y Formación Profesional que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados.
La propuesta, promovida por el Ministerio de Educación, es fruto del debate con autoridades provinciales, representantes gremiales y empresariales, docentes y especialistas. Es oportuno, pues, enfatizar por qué este proyecto es imprescindible para construir un modelo de desarrollo basado en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo de los argentinos.
La recuperación económica de los últimos años encontró una seria limitación en la falta de capacitación técnica de una parte importante de la población. De esta manera, conviven una gran masa de desocupados sin calificación suficiente y una demanda de trabajo especializado que no logra cubrirse.
Para quienes creyeron que daba lo mismo producir en el país que importar las cosas hechas, la formación técnica era prescindible. Pero en un proyecto de país que privilegia el trabajo y la igualdad, este tipo de educación resulta un pilar fundamental.
La educación argentina estuvo, a través de su historia, asociada a diferentes estrategias de desarrollo. En el siglo XIX, la escuela tuvo un fin político: fue la encargada de transmitir un sentimiento de pertenencia a una comunidad formada principalmente por inmigrantes, que venían de culturas diversas. En aquella etapa, la formación para el trabajo no ocupó un papel central en la agenda educativa. El modelo agroexportador y las rudimentarias industrias no exigían contar con trabajadores calificados.
Pero a partir de la crisis del 30, la incipiente industria nacional necesitaba que los trabajadores tuvieran una formación adecuada para incorporarse a los nuevos procesos productivos. La educación pasó a cumplir una función primordialmente económica. En ese marco, se desarrollaron numerosas escuelas técnicas y, más tarde, la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional impulsó propuestas de formación para el trabajo industrial destinadas a quienes no seguirían estudios formales.
Durante los años en que nuestro país pareció haber renunciado a un modelo productivo propio, la educación técnica sufrió un duro golpe. Sin embargo, los egresados de las escuelas técnicas de la Capital Federal y de aquellas jurisdicciones que mantuvieron su estructura siguieron destacándose en el mundo del trabajo formal y en la educación superior.
¿Por qué? La exigencia permanente y el estímulo para articular teoría, creatividad y práctica implican un gran esfuerzo por parte de los alumnos. Hoy, la enseñanza técnica debe recuperar lo mejor de esta noble tradición, adaptándola a los desafíos del mundo actual.
El proyecto de ley contempla los principales retos que debe encarar la educación técnica en el siglo XXI.
En primer lugar, se crea un fondo para financiar la renovación tecnológica de las escuelas, a fin de que profesores y alumnos incorporen un saber actualizado y vinculado a la realidad. También propone mecanismos de alternancia y pasantías pedagógicas para que profesores y alumnos puedan seguir el ritmo de una vertiginosa renovación tecnológica que la escuela no siempre puede acompañar.
En segundo lugar, las escuelas técnicas ya no son instancias de educación terminal. Nuestros jóvenes necesitan trabajar, pero también continuar los estudios superiores. Es imprescindible, junto con las competencias técnicas, brindar una sólida formación académica general, que posibilite la continuidad de los estudios. Al mismo tiempo, la nueva educación técnica debe alentar el desarrollo de capacidades críticas que permitan a los jóvenes participar en la transformación de la sociedad en la que viven.
En tercer lugar, las escuelas técnicas de hoy no deben ser pensadas para responder a las necesidades puntuales del mercado de trabajo, ya que ellas se modifican cotidianamente. En la escuela también se deben adquirir competencias que están más allá de los cambios que pudieran sobrevenir: aprender a aprender, aprender a trabajar en equipo, aprender a comprender la lógica del proceso productivo, aprender a tomar decisiones, a crear e innovar.
En cuarto lugar, el desafío es formar no sólo técnicos sino emprendedores. Muchos de nuestros jóvenes no tendrán un puesto de trabajo esperándolos cuando se reciban, deberán crearlo ellos mismos. Es imprescindible que la educación estimule la capacidad de gestionar, de emprender, de crear cooperativas, de asociarse. Los técnicos y profesionales necesitan estar capacitados no sólo para insertarse en una empresa sino también para conducir sus propias iniciativas.
Por último, el proyecto de ley crea una instancia federal, con participación de todas las jurisdicciones, para la homologación de certificaciones técnicas. De esta manera, se procura tender a un sistema educativo más integrado e igualitario.
También se prevé la vigencia de un Consejo Nacional de Educación y Trabajo integrado por representantes de trabajadores, empresarios y sindicatos docentes, cuyo fin es generar un espacio participativo de diseño y seguimiento de las estrategias del sector.
Muchas veces se ha dicho que un modelo de país se define a través de su sistema educativo. Por eso, confiamos en que la sanción de la Ley de Educación Técnica y Formación Profesional será un paso importante para avanzar hacia una sociedad en la que la capacidad, el trabajo digno y el esfuerzo vuelvan a ser los sustentos de una movilidad social ascendente que permita construir una sociedad más productiva y justa.