Clima febril, pero de reuniones y llamadas puertas adentro: así fue ayer el pulso de la Universidad de Buenos Aires. Un día después de que estudiantes, profesores y graduados se cruzaran gritos y graves insultos, la mañana comenzó con una reunión informal entre los decanos de las trece facultades. Fue en dependencias de Ciencias Económicas, con la propuesta de "discutir la gobernabilidad de la UBA en esta crisis".

Una crisis que recrudeció el martes, cuando la Federación Universitaria porteña (FUBA) boicoteó por tercera vez la elección de un nuevo rector. Y exigió la renuncia del candidato mayoritario, Atilio Alterini, y la reforma del estatuto universitario que no habilita a votar autoridades a la totalidad de los profesores, graduados y estudiantes. Una crisis de representatividad que afecta a la propia FUBA, que hace dos años no renueva autoridades.

La reunión de decanos de ayer pareció dividirse en dos partes, pasando a un tono más franco para unos y más tenso para otros, luego de retirarse el propio Alterini, Slapak (Psicología) y Boveris (Farmacia).

A la salida, el decano Alberto Barbieri, anfitrión e integrante del grupo alterinista, reconoció haber presentado un informe sobre la grave situación presupuestaria que atraviesa la UBA. Y haber propuesto que sea un egresado de Ciencias Económicas, con el auxilio del decano (él mismo) quien maneje a partir del próximo período la Secretaría de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires.

Una propuesta que el decano de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero, observó con ojo crítico. "La crisis de la UBA —dijo a Clarín— es mucho más grave que tener 400 estudiantes tomando el Buenos Aires. Tenemos que reformar los estatutos en la Asamblea, y, también, tenemos que asumir la responsabilidad de gobernar la UBA. No podemos permitir que vuelva el shuberoffismo y dejarla en manos de un grupo de graduados que quiere volver allí para hacer negocios".

Pese a mantener estas profundas diferencias, todos concurrirán hoy a las 11.30 a una "reunión informal de decanos y profesores para destrabar la situación de la Asamblea", a la cual los convocó el rector Jaim Etcheverry. El 7 de mayo caduca el mandato Jaim y los decanos propondrían lograr un acuerdo para sesionar una semana antes: entre el 25 de abril y el 2 de mayo.

Para esto, será necesario acordar si tomarán medidas para garantizar una futura Asamblea. Las posibilidades son, en algunos casos, polémicas. Una de ellas implica convocar la presencia de fuerzas policiales (rechazada por muchos sectores universitarios y externos). Otra, disponer un grupo de no docentes para controlar la entrada a la Asamblea de las personas autorizadas. La tercera opción es más complicada: implica llegar a algún tipo de acuerdo con los dirigentes de la FUBA, que anunciaron que sólo aceptarían sesionar si existe un compromiso de todas las partes para reformar (y no meramente discutir) el estatuto durante la Asamblea. También pretenderían que sean considerados los resultados de un plebiscito informal que impulsan desde ayer en las facultades, sobre la candidatura de Alterini y la reforma estatutaria.

Alejandra Toronchik  atoronchik@clarin.com

El Gobierno dice que no interviene

El ministro de Educación, Daniel Filmus, se expresó ayer taxativamente "en contra de que la elección del rector se resuelva policialmente". Filmus aseguró que el Ejecutivo no va a intervenir, y recordó que el Consejo Superior (gobierno universitario integrado por decanos, estudiantes, profesores) no pidió esa posibilidad.

También el ministro del Interior, Aníbal Fernández, debió responder a un grupo de legisladores macristas sobre por qué retiró la fuerza policial del Nacional de Buenos Aires, sede de la Asamblea. "No se nos ha pedido ni se ha judicializado ni tenemos instrucciones judiciales para actuar", dijo. Y encuadró el conflicto universitario como "propio de la Universidad" y de una Argentina que "se desmadró a fines de 2001" y que necesita ir recuperando la autoridad "segundo a segundo, hasta que terminemos de una vez por todas con todo tipo de complicaciones".

Recuperar legitimidad

Pedro Krotsch. Investigador en Educ. Superior

Las circunstancias de la UBA no interesan sólo a los directamente interesados, sino al conjunto del país. Y nos plantean el problema de nuestra legitimidad, de los deberes que la autonomía nos impone. La UBA ha sido atravesada por lógicas de otros campos, como el político partidario, que pone en entredicho la lógica de lo meritocrático-académico. La ha alejado de la sociedad y de sus necesidades que —junto con la libertad de crear conocimiento— justifican su autonomía y pueden abstraerla de intereses del mercado, los partidos, etc.

Por otro lado, se vuelve cada vez más profesionalista, vinculada a la demanda, contra el talante universitario que preconizaban reformistas como Risieri Frondizi. Atravesada por múltiples intereses, feudalizada por intereses externos, no logra constituirse en un actor independiente, capaz de dialogar. ¿Cómo reconstruir su legitimidad sin lastimar la riqueza inmensa de sus aulas y laboratorios, la entrega de profesores y alumnos, el aprendizaje y la investigación? Mirar hacia abajo, a lo cotidiano, sobreponerse al peso del pasado. Reconstruir una nueva hegemonía intelectual y moral. No hay otro camino.