Pero Jaim afirma que los $ 179.777.730 (correspondientes en gran parte a las contribuciones patronales retenidas a la AFIP entre mayo de 2002 y diciembre 2004) no sólo se gastaron en forma legal y, con registro contable, sino que (en su mayoría) contaron con la autorización firmada del Consejo Superior que ahora los desconoce. Una contradicción que —según algunas fuentes— se explica por la costumbre instaurada desde tiempos del shuberoffismo, en los que los consejeros adictos firmaban (dicen) automáticamente y sin revisar.
El informe de Jaim reconoce haber gastado sin aprobación del Consejo $ 15.541.820 (que sí fueron pagos formales, legales e informados a las Secretaría de Políticas Universitarias y a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), cuyo destino fue para insumos del Hospital de Clínicas (dependiente de la UBA), la obra social DOSUBA, el pago de Servicios y para fondos rotatorios y cajas chicas del rectorado.
La reunión del Consejo Superior (el máximo órgano de gobierno de la UBA integrado por el rector, los decanos y los representantes de alumnos, profesores y graduados) tuvo lugar en un clima fuertemente marcado por las actuales elecciones de nuevos decanos y vicedecanos de cada facultad. Y por los intereses de quienes —abierta o inconfesadamente— sueñan con convertirse en el futuro rector de la UBA.
De hecho, no faltó una desagradable pelea pública entre el decano la Facultad de Económicas y un graduado por la postulación de ese decano para su reelección.
Alejandra Toronchik. atoronchik@clarin.com