Colombia se define, según el artículo 1 de la constitución de 1991, como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, con la particularidad de ser descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales. Además es democrático, participativo y pluralista. Es pertinente velar por su cumplimiento y tener conciencia sobre: los principios fundamentales de la misma; derechos, deberes y garantías de los ciudadanos.
La debilidad del Estado está presente de manera flagrante, ya que muestra cierta incapacidad para llegar a acuerdos de paz entre los sectores involucrados, para defender los derechos humanos, para controlar la corrupción y a esto se le suma la influencia del narcotráfico en todos los niveles de la vida.
Un ejemplo de cómo el narcotráfico afectó a nivel político, se refleja en la Constitución de 1991, en el artículo 35, primera reforma, que finalizando 1997 fue derogada por el Congreso de la República, donde se prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales, en especial los delitos asociados al narcotráfico.
Hay motivos suficientes para pedir apoyo a Latinoamérica, como fue la reunión con los presidentes de Brasil, Venezuela y España, junto al primer mandatario colombiano, Álvaro Uribe. El diálogo político ayuda a consolidar vínculos y a examinar alternativas de cooperación.
El pueblo colombiano no tiene por qué vivir en soledad, debe apoyarse en su constitución y tender los brazos hacia Latinoamérica para dar vigor a la política democrática emprendida en defensa de los derechos humanos y de la paz de su propia nación.
Analía Fabiola Berón
Escenarios Latinoamericanos