Por Loana Isla Lacuey
Agencia Taller - Escenarios Latinoamericanos
Luego de varios meses de entredichos y conflictos, el asunto de la instalación de papeleras en Uruguay, cerca de la frontera con Argentina, continúa siendo un tema álgido que enfrenta a los dos países. Desde que comenzó este proceso, el presidente de Uruguay, Tabaré Vazquez, afirmó que la instalación de las papeleras no producirían una agresión mayor ni al medio ambiente ni a los ciudadanos. El problema con nuestro país surgió debido a que si se firma el acuerdo, las fábricas de pulpa celulosa Botnia y ENCE, de Finlandia y España respectivamente, se instalarán en una localidad en las cercanías de Fray Bentos, muy próxima a la provincia de Entre Ríos.
Cronología del conflicto
En el momento en que se divulgó la noticia de la instalación, se entregó al presidente argentino Néstor Kirchner un documento con 35 mil firmas que demandan la no instalación de las plantas. El entonces Canciller Rafael Bielsa dijo que ésta es "una cuestión nacional" y pidió a Uruguay para que se "discontinúe" la instalación de las plantas hasta que la comisión binacional de a conocer el resultado de los estudios ambientales.
Desde que se hizo pública la intención del país vecino, los habitantes de la provincia de Entre Ríos se posicionaron abiertamente en contra de la instalación de las fábricas. Durante los pasados meses se realizaron, a modo de repudio, diversos actos en contra de la instalación de estas empresas en Uruguay. En setiembre se realizó en Gualeguaychú una importante manifestación que reunió a una multitud de 15 mil personas, en rechazo de la proyectada instalación de las dos papeleras europeas en la costa oriental del río Uruguay, ya que provocaría una fuerte contaminación ambiental. También se realizaron varios cortes de la ruta internacional 136, que une la localidad de Gualeguaychú con Uruguay.
En el mes de setiembre, Tabaré Vázquez y el entonces ministro argentino de economía, Roberto Lavagna, se reunieron para discutir el tema de las papeleras. Vázquez pidió a Lavagna que se considerara el tema, frente al gran malestar que había provocado entre los habitantes de Gualeguaychú. Ese mismo mes el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y el vicegobernador Guillermo Guastavino, denunció a Uruguay por las papeleras y presentó una denuncia contra Uruguay, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, por permitir la instalación de las papeleras sin haber realizado estudios de impacto ambiental. La presentación fue realizada en calidad de ciudadanos entrerrianos directamente afectados. Busti y Guastavino pidieron al tribunal que "declare que el Estado uruguayo ha violado la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar dos emprendimientos industriales en razón de sus altos componentes contaminantes, de las evidentes carencias de control ambiental y del probado riesgo de vida para alrededor de 300.000 personas que habitan en la ribera argentina-uruguaya".
Además, efectuaron otra denuncia ante la Oficina del Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor, para tratar de bloquear los créditos internacionales que puedan recibir las empresas. Desde Washington, Busti resaltó que los " apoya mucha gente, miles de entrerrianos y hermanos uruguayos, y también contamos con el apoyo indiscutido del presidente Néstor Kirchner que ha hecho de esta causa una cuestión de Estado Nacional".
A partir de esta denuncia, la Ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, se reunió el 15 de noviembre con la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, con quienes dialogaba sobre la oposición local a la instalación de las dos papeleras en la ribera oriental del río Uruguay. La CAO, oficina de la ombudsman del Banco Mundial, deberá emitir un informe a las autoridades de ese organismo internacional para que apruebe o rechace la entrega de dos créditos de 200 millones de dólares para las empresas papeleras. En Entre Ríos se esperan los resultados de este informe para realizar un "estudio del impacto ambiental acumulativo", que estaría "listo a fines de diciembre".
Implicaciones políticas
Este conflicto con Uruguay generó en octubre una marcada tensión diplomática cuando el país vecino decidió llamar en consulta a su embajador en nuestro país a partir de unas declaraciones radiales de Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos. El gobernador sostuvo que “a lo mejor había algún incentivo para que el Uruguay aceptara las papeleras”. La Cancillería uruguaya interpretó estas declaraciones como una acusación de corrupción, como un agravio. Frente a esta actitud, el Gobierno de nuestro país respondió con la misma moneda y llamó para consultar al embajador argentino en Uruguay.
Dos aspectos a destacar de este hecho es que, por un lado, este cruce diplomático se produjo entre dos gobiernos que son ideológicamente afines, y por otro, que se produjo a pocas horas de que sus presidentes se encontraran en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata.
En el mes de noviembre, delegados argentinos y uruguayos se reunieron en el seno del Grupo Técnico de Alto Nivel, formado para analizar las consecuencias que sobre el ecosistema del compartido Río Uruguay, "en el marco de la voluntad de ambos países de preservar el medio ambiente en el ecosistema referido al más alto nivel de exigencia en el mundo contemporáneo, las delegaciones intercambiaron presentaciones orales e información con relación a las emisiones líquidas y gaseosas, y los residuos sólidos de las plantas proyectadas", agrega el comunicado.
Por otra parte, dentro del ámbito político nacional también se generaron discrepancias. En este sentido, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se enfrentó con su par de Corrientes, Ricardo Colombi, frente a las declaraciones de este último en busca de atraer a su provincia las papeleras que rechazan los entrerrianos. Busti afirmó que las declaraciones de Colombi debilitan la lucha en defensa del ambiente, respaldada por el propio presidente Néstor Kirchner. “La debilita en medio de una batalla jurídica que estamos dando en el marco del derecho supranacional, ante el ombudsman del Banco Mundial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora en un amparo ambiental que vamos a presentar en Finlandia". Por eso, "vamos a ir a Corrientes con una delegación de la Subsecretaría de Medio Ambiente, legisladores de todos los partidos, para explicar el punto de vista científico y técnico por lo que nosotros creemos que estas papeleras son contaminantes en el río Uruguay".
Las informaciones más recientes sobre el conflicto por las fábricas de celulosa hacen referencia a que el Gobernador Busti pidió al presidente Kirchner que discuta la instalación de las papeleras en Fray Bentos en la reunión de mandatarios del Mercosur. Busti solicitó a Kirchner que este tema se debata en el Mercosur para que "se traten de adaptar las resoluciones para la protección del medio ambiente". Por otra parte, Oscar Varga, representante de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, anunció que durante el verano se realizarán deliberaciones de vecinos al costado de la ruta 136, que lleva al puente internacional, y reiteró que continuarán con las medidas de fuerza hasta que se escuchen y atiendan sus reclamos.
