Hace no muchos días el grupo de dueños, y todo su séquito acompañando, pertenecientes a las principales empresas mediáticas de nuestro país despotricaban contra el presidente Hugo Chávez por la decisión de no renovarle la licencia para transmitir al canal RCTV. Tras la bandera de la “libertad de expresión” este grupo, de propiedad concentrada y perteneciente al capital monopólico, bregaba por la pluralidad de voces en el espectro radiofónico. Otro argumento era la necesidad de hacer una comunicación más participativa y que no sólo se escuchen las voces de quienes tienen el poder gubernamental. Levantando el estandarte de la objetividad estos mismos empresarios, que apuestan a la libertad de prensa, se ensalzan de la independencia de sus empresas periodísticas.

Qué contradictorio que es nuestro pasar por este mundo, en donde el mercado y su libertad se expanden a ritmos insostenibles mientras que la libertad del hombre queda sólo en la incumbencia de sus posibilidades de elegir entre una Coca-Cola o una Pepsi. Qué contradictorias se nos presentan las personas que defienden la libertad de expresión y el legítimo derecho a la información durante solamente un día y al siguiente se paran desde la vereda contraria.

A partir de la decisión de un juez (el cual debería bregar por los intereses de las mayorías), Canal 7 de Argentina no podrá transmitir desde San Rafael, el departamento del sur mendocino. El “canal público”, supuestamente, tendría que llegar a tod@sl@sargentin@s, pero por decisiones políticas, muchas veces de intereses ligados a quienes tienen el monopolio de la información en nuestro país, no puede cumplir con esta tarea. Por esto es que nos preguntamos bajo qué argumento el funcionario público no permite que dicho canal transmita. Sólo encontramos una respuesta: en el lugar sólo emite una señal ligada a intereses económicos muy fuertes que no quieren que el medio público les haga competencia.

¿Hasta cuándo la realidad va a superar a la ficción? ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo el avance de lo privado para que los intereses de las mayorías sufran un detrimento? ¿Hasta cuándo vamos a seguir callados sin expresarnos acerca de uno de los derechos más importantes para el desarrollo de nuestro pueblo, el derecho a la información? Alguien puede arrogarse la función de un juez cuando está en condescendencia con quienes siguen abogando por el derecho al lucro, sin pensar las necesidades que tiene nuestro pueblo.

Otra pregunta que nos queda en el tintero. Y en el Gran Mendoza, ¿por qué no se transmite esta señal?

Fernando Sebastián Delchiérico
Estudiante de Comunicación Social
Centro de Estudiantes de FCPyS