El Gobernador Julio Cobos dijo que el reclamo de los jueces es “injusto, ilegal y poco solidario”. Y a modo de advertencia agregó: “O se está a favor o en contra de los privilegios”. Responsabilizó a la Suprema Corte de Justicia “de no asumir su compromiso institucional” y los acusó “de no hacer nada” para que los jueces paren los amparos.
En tanto, el Presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares, señaló que “el prestigio del Poder Judicial se deteriora y la autoridad moral de los jueces es mal vista por la población. La actitud del Gobierno profundiza el conflicto”. Nanclares dijo además que espera una resolución de la Corte de Justicia de la Nación “rápida y definitiva” y agregó a modo de reflexión: “si quiero tener buenos jueces los tengo que tener bien pagos”.
La disputa entre los dos poderes comenzó hace tres años durante la gestión del también radical Roberto Iglesias. Pero ahora el conflicto parece haber llegado a un punto sin retorno. Desde el Ejecutivo se estudian estrategias para escalar la confrontación. Dentro de las medidas posibles no se descarta un jury de enjuiciamiento para los jueces indexados, incluso la intervención federal de los Tribunales locales a través de un pedido de apoyo político al presidente Néstor Kirchner.
Por lo pronto Cobos ya habló con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández y el Ministro del Interior, Aníbal Fernández, quienes habrían avalado el plan de enmienda para cambiar la constitución. Mientras ya se anticipa que la Asociación de Magistrados local, que lleva adelante los reclamos indexatorios de los magistrados, plantearía una acción de inconstitucionalidad apoyándose en el artículo de la Constitución Nacional referido a la intangibilidad salarial.
La avanzada del Ejecutivo provincial contra los jueces incluyó el desembarcó del Ministro de Hacienda Alejandro Gallego en la Legislatura. En su intento por convencer a los diputados sobre la necesidad de la enmienda del artículo 151, el funcionario dijo que 116 jueces ya perciben sus haberes actualizados con un costo para el Estado de 17 millones de pesos. Gallego agregó que hay 135 magistrados cuyos reclamos se encuentran pendientes de resolución en la Corte, que generarían una erogación superior a los 11 millones de pesos, incluidos los intereses Si todos los jueces tuvieran que cobrar sus sueldos indexados el gasto subiría a 10 millones de pesos anuales. El resquebrajamiento del vínculo institucional entre los dos poderes del Estado podría afectar la aplicación del Código Procesal Penal y la creación de siete nuevos juzgados de familia para el Gran Mendoza.
Algunos constitucionalistas mendocinos advierten que la crisis es “política”, no constitucional y aconsejan solucionar el problema por vía del consenso. Juan Fernando Segovia, Doctor en derecho, dijo que “el problema no es la indexación sino la desigualdad irritante de privilegios que ya no tienen sentido. Hay que impulsar una participación más amplia para que la reforma provenga de la sociedad misma y los partidos políticos no la traben. Si nosotros esperamos que sean los partidos los que realicen la reforma constitucional o la reforma política estamos fritos”.
Juan Raúl Lencioni
Departamento de Política
