El oficialismo buscó el tratamiento de la ley de uso del suelo, para aprobarla en general, pero no tuvo quórum.

SOCIEDAD. En los últimos años, el sector inmobiliario tuvo un crecimiento exponencial. La enorme cantidad de casas que se construyeron, sin embargo, no respondieron a un orden lógico que buscara preservar la calidad de vida.

La ley de uso del suelo pretende legislar en esta cuestión. El proyecto que llegó al Senado no tuvo quórum para ser tratado ni aprobado en general. El proyecto tiene, según sectores opositores y organizaciones no gubernamentales, varios aspectos que sufrieron modificaciones en Senadores, que deben ser revisados, en especial en lo referente a la autoridad de aplicación.

“El proyecto de la Universidad Nacional de Cuyo en el que se basó la ley considera que el organismo encargado de hacer que la legislación se cumpla debe trascender lo político”, explicó la diputada Amalia Monserrat, de Consenso Federal, presidenta de la comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda. “No se puede establecer una política de Estado en este asunto si el ente de aplicación no es autárquico”, opinó Carlos Boeto, presidente de la regional centro del Colegios de Arquitectos de Mendoza. “Hay otros aspectos que debieran modificarse, pero lo central es eso”, dijo Monserrat.

Tanto los sectores opositores, como las organizaciones no gubernamentales se vieron sorprendidas cuando en la mañana se anunció el tratamiento en general de la norma.

“Todavía no terminaron las rondas de consulta, por lo que creo que tenemos que tener 15 días más para tratar una ley que lleva 20 años esperando. No es descabellado”, explicó la legisladora del cobismo.

En estas consultas participaron varios de los sectores involucrados y con mayores conocimientos: organizaciones no gubernamentales, entes ambientales, científicos, el Colegio de Arquitectos, el Crycit, entre otros. “La idea era dialogar, buscar el consenso. Una ley tan importante como ésta no puede sancionarse en condiciones en las que una vez aprobada sea resistida por la población”, indicó la presidenta de la comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda de Diputados.

Desde el Colegio de Arquitectos indicaron que, en su paso por Senadores, al proyecto de ley se le suprimieron algunos artículos. “Más adelante hay otros que hacen referencia a los puntos borrados, por lo que la norma está llena de incongruencias tal como salió de Senadores”, opinó Boeto.

“Nosotros propusimos que el organismo de aplicación que se conforme tenga representantes del Estado provincial, municipios, profesionales, científicos, ONG, cámaras rurales, industriales y de comercio, etc; en definitiva de todos los actores involucrados”, agregó Boeto, quien reclamó que el ordenamiento territorial se convierta en una “cuestión de Estado”.