Circuló fuertemente el viernes pasado un rumor de que se trataría la media sanción que le resta en el senado esta semana, antes del recambio legislativo. Es decir, posible aprobación “entre gallos y medianoche”. Ya se han apuntado a la lista de los “dispuestos a oponerse fuertemente a esta ley”. Se presume que se puede dar la sanción en la cámara de senadores este martes 25, esto sin tomar en cuenta las críticas que expresan diversos sectores de la sociedad.
 
Algunas de las organizaciones que se expresaron en contra de este proyecto son: el Foro Corriente de Opinión Ciudadana, el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) de la UNCuyo, la Sociedad de Arquitectos de Mendoza, la asociación Arquisol , la Facultad de Ciencias Agrarias de la  UNCuyo, las organizaciones ambientalistas Oikos Red Ambiental y Cullunche,  la Unión Trabajadores Rurales sin Tierra, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME Mendoza), entre muchos otras.
 
Esta ley logró la sanción de la cámara de diputados en Mendoza el pasado 05 de abril. Contiene puntos que generan muchas oposiciones respecto de quiénes salen beneficiados en cuanto a la incumbencia del control y de lo que impliica respecto al uso de uno de los recursos más valiosos de la época: el agua.
 
Algunos fundamentos
 
A través de diversos comunicados públicos de las organizaciones que se oponen a esta ley, proponemos aquí un repaso de algunos de los argumentos de rechazo al intento del poder para quebrar el derecho al uso social, razonable y sustentable de la tierra, y el agua.
 
El CRICYT a presentó al vice gobernador de Mendoza Juan Carlos Jaliff un análisis efectuado por un grupo de expertos en la temática, pertenecientes al Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales y al Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. En éste rechaza lo sancionado por la cámara de diputados y solicita que se convoque a elaborar un nuevo proyecto de ley que refleje las necesidades y derechos de la Sociedad en su conjunto.
 
Aclara primero que cuando se habla de suelo (en este caso) no es sólo la parte superficial de la tierra, sino que se asemeja a territorio, lo cual se liga directamente a “ambiente”. Las críticas principales de éste órgano de investigación académica tienen que ver, en principio con que “desde lo legal, vemos dos leyes en una y las dos muy complejas. Por una parte, la de uso de suelos y por otra, la de fraccionamiento o loteos”. Es una propuesta que responde solamente “a algunos intereses, no a los de la sociedad en su conjunto”. Además, “no responde a los conceptos básicos que estamos manejando los planificadores, que son los que provienen de la ‘Agenda 21’: los nuevos paradigmas ambientales. No vemos tratado como elemento rector la definición de desarrollo sustentable ni el modelo de provincia que queremos los mendocinos”; no considera las fuentes de financiamiento; se plantea un consejo multitudinario cuyos dictámenes no son vinculantes; entre otros elementos.
 
Un punto preponderado en el desarrollo hecho por el CRICYT tiene que ver con quiénes serán beneficiados con esta ley: “los que más se benefician son los sectores inmobiliarios, los actores privados. Lo que el proyecto denomina, “emprendedores”. Esta redacción tiene mucho de ley urbana, olvidando el resto del territorio y de los usos”. Sentido compartido por las organizaciones de trabajadores y comunidades rurales que también se oponen.
 
El Foro Corriente Opinión Ciudadana afirmó en un comunicado, inclusive antes de la media sanción, que: “priva de funciones indelegables al Estado Provincial, trasladándolas a particulares; que debe separarse la ley de uso del suelo de la ley de loteos; que elimina el principio de inherencia del agua a la tierra y autoriza la venta de lotes sin provisión de agua; violenta leyes fundamentales de la provincia, entre ellas la del uso del Agua y la de Medio Ambiente; elimina todo sistema de control sobre el accionar de particulares y/o del Estado y minimiza la participación ciudadana, la que debería estar presente en todas las etapas de elaboración, ejecución y control de planes”.
 
Por su parte, APYME Mendoza, llama la atención sobre “lo extraño de que los señores legisladores no se tomen el debido tiempo para tratar y comprender a fondo este tema, en especial cuando ha pasado tanto tiempo sin que nadie tuviera apuro por ocuparse del mismo”, según lo declarado por el presidente de la institución, Enrique Tarditi. Denunció también que “es inconcebible que se pretenda sancionar una ley de tamaña importancia sin haberle dado participación a las entidades y organismos especializados y afectados por la ley como productores agrícolas, pequeños y medianos empresarios de la ciudad y del campo”. Declaró demás que este cierre a la participación “lleva a sospechar que serán muy pocos los beneficiados por el proyecto de uso de suelo. Entre ellos, se destacan los millonarios negocios inmobiliarios”.
 
Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UTRST), reconoció el modo poco democrático en que se aprobó esta ley, al punto que la cámara de diputados no esperó la realización que estaba prevista para la semana siguiente de unas jornadas de reflexión dedicadas al tema, con la participación de varios sectores sociales. Además agregó que la ley no dictamina en puntos conflictivos que son el plan de ordenamiento territorial y el programa de desarrollo provincial, puntos que son los que deben establecer si prevalece un desarrollo sustentable y sostenible, o no, para Mendoza. Montón afirmó respecto de la municipalización que “es un grave riesgo ya que los municipios son los principales aparatos de política clientelar, y que esto, en definitiva, da privilegios a los sectores empresariales ligados al poder de cada intendente”.
 
Sobre lo que la ley de suelo debería establecer, desde la UTRST, por un lado hay que establecer la democratización de la utilización del agua respecto de su inherencia a la tierra”. En este sentido abogan por un manejo donde la participación popular sea más fuerte. Diego Montón recordó al respecto que hay un 50 por ciento de las tierras con derechos a riego que están abandonadas. Lo que proponen es la reutilización de las tierras por parte de familias campesinas, autoabastecimiento familiar, lejos de la explotación irracional de empresas (incluso extranjeras) que no apuesten a “la alimentación de nuestra sociedad”.
Escrito por Natalia Brtite, 12:03 | 25/04 
Agencia Taller (UNCU)