El Estado tomó un compromiso decisivo al ampliar por ley el acceso a la educación. Ahora hay que invertir más y dar más calidad a la enseñanza.

El Estado argentino emprendió un reto de enorme importancia al declarar en la Ley de Educación Nacional a la escuela secundaria como obligatoria. No sólo porque implica que en adelante todos y cada uno de los adolescentes tienen que poder acceder al secundario, sino que además hay que trabajar para que puedan permanecer y egresar con los saberes y capacidades que reclaman estos tiempos.

No se trata de más de lo mismo. Al constatar que la mitad de los adolescentes que ingresan al nivel medio no lo terminan, sumados los magros niveles de aprendizaje que alcanzan aquellos que logran finalizarlo, hay razones para aceptar que las escuelas no sólo requieren cambios, sino que exigen constante revisión y una cultura de re-aprendizaje.

Este cambio impactará en los modos de hacer política educativa y en el trabajo y compromiso de quienes se vinculan: gobierno escolar, docentes, familias, estudiantes y comunidad.

Cumplir con la letra de la Ley en plazos aceptables y concebir este nivel educativo como clave para la inclusión social y el desarrollo implica afrontar diferentes desafíos. Estos abarcan desde un posicionamiento en la agenda pública de esta meta nacional hasta nuevas prioridades en la inversión, en las formas de hacer gestión institucional y pedagógica, innovaciones en políticas y monitoreo y difusión de los avances.

Muchos son los interrogantes sobre los que hay que decidir. ¿Cómo hacer para incluir a todos y que aprendan lo necesario en este nuevo siglo? ¿Cómo enseñar a los adolescentes de hoy? ¿Qué contenidos desarrollar? ¿Qué peso se le otorgará a la enseñanza de capacidades que habilitan para aprender a lo largo de la vida? ¿Qué instancias de participación y autonomía progresiva se otorgarán a los alumnos y alumnas en esta nueva escuela para formar ciudadanos responsables? ¿Cómo se pueden establecer lazos más sólidos entre las familias y la escuela? ¿Qué rol cumplirán las políticas frente a la tensión entre educación e inserción laboral temprana en el marco de la obligatoriedad? ¿Como se incorporan las nuevas tecnologías? En las respuestas a estas preguntas está lo sustancial del necesario cambio educativo.

En relación con los destinos y montos de la inversión que requerirá este nuevo escenario, la clave está en los equilibrios que se alcancen entre la demanda por más escuelas y lo que se necesita para mejorar la educación.

Construir escuelas es condición imprescindible para el acceso universal. Hay que invertir para incluir, creando nuevos servicios y al mismo tiempo para mejorar la calidad de la educación secundaria.

Se inició un debate en el que hay que participar e involucrarse activamente en un clima de tolerancia y coexistencia con el disenso y el conflicto. Los adolescentes reclaman adultos que dialoguen entre ellos y con ellos y, a su vez, que los apoyen.

Hoy la puesta en marcha de la ley es una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar para trabajar por una mejor escuela secundaria. Los adolescentes lo necesitan y el país los necesita a ellos si la meta es promover una sociedad que crezca sin desequilibrios y con justicia.