La intervención de la Justicia no es persecución. El uso de la fuerza y la democracia.

El 28 de mayo pasado, frente a las cámaras de televisión, un grupo de estudiantes y militantes ingresó por la fuerza al edificio de Viamonte 430 rompiendo la puerta de entrada, y mantuvo encerrados contra su voluntad durante varias horas a consejeros superiores, autoridades y trabajadores de la Universidad, demandando la firma de un acta como condición para el levantamiento de la medida. Su violento reclamo ni siquiera debía ser dirigido a las autoridades de la UBA, dado que garantizamos la continuidad de la sede de Merlo del CBC, origen de la demanda, y defendimos firmemente los espacios de la universidad pública, cuando desde ámbitos municipales se atentaba contra su continuidad.

Mientras duraba el encierro –situación grave, violenta y no vivida en otras protestas estudiantiles–, fueron agredidos físicamente varios consejeros y a otro le fue sustraído el reloj pulsera; se produjeron destrozos y pintadas en el edificio, se dibujaron diferentes gráficos en una bandera argentina con aerosol colorado y desaparecieron del despacho del vicerrector todos los accesorios de la computadora.

Ante esta situación se dio intervención a la Justicia, que logró que dejaran salir a los consejeros del salón del consejo superior y comenzó a investigar. La Justicia caratuló la causa y tomó medidas para garantizar el normal funcionamiento de los órganos de gobierno.

Hoy existen distintas opiniones sobre lo ocurrido y sus consecuencias institucionales. Cada uno puede pensar lo que desee y expresarlo por los mecanismos que considere apropiados. Es lo que la UBA defiende y de esa libertad quiere ser garante. Bienvenidos el debate y la expresión de las más variadas posiciones e ideas. Sin embargo, es importante analizar cuál es el límite que, como institución, debemos encontrar a los recursos que se ponen en juego en la discusión.

Creo firmemente que ese límite está en que no podemos aceptar como legítimo que ningún grupo o persona, sea cual sea su ideología, extracción política o idea que proclame defender, haga uso de la violencia, la coerción y la violación a los derechos de los demás como mecanismo sistemático para imponer su voluntad.

La Universidad quiere debatir. Toda la comunidad universitaria, y así lo expresó en la asamblea pasada en la que se reformó parte del estatuto, tiene la vocación de opinar y escuchar a los demás, sin necesidad de requerir en cada oportunidad apoyo a la Justicia para que garantice que los representantes puedan expresarse con libertad. Lamentablemente, episodios como el del 28 de mayo sólo obstaculizan el debate.

Plantear que dar intervención a la Justicia en un acontecimiento como éste es una persecución política es caer en la indulgencia y abdicar de la responsabilidad que les cabe a los funcionarios frente a la comisión de uno o varios delitos. Y cuando somos indulgentes con estos avasallamientos a las instituciones es cuando entramos en terreno peligroso, porque son estos mismos los argumentos que desembocaron en los más oscuros momentos de nuestra historia como país.

El uso de la fuerza, de la imposición, del no respeto por el diálogo y la opinión de los que piensan distinto nunca puede ser entendido como una reivindicación y una lucha democrática. Hacerlo es caer en una falacia argumental que no hace otra cosa que promover la falta de responsabilidad por los propios actos.

Por otra parte, insistir en la idea de que la UBA no apuesta a la ciencia y al desarrollo tecnológico es, cuanto menos, equivocado y mentiroso. La UBA concentra el 30% de la investigación universitaria y financia 1.400 proyectos de investigación correspondientes a su programación científica 2008-2010 y 117 proyectos trienales de la programación 2006-2009, correspondientes a sus trece facultades y el CBC, abarcando todas las disciplinas, tanto exactas y naturales como humanísticas y sociales.

Atravesamos un momento muy particular, en el que se están debatiendo en la agenda pública temas que nos resultan altamente sensibles, vinculados a la seguridad de las personas y a la distribución presupuestaria en general. Sin ánimos de apoyar ninguna postura en particular, bienvenido sea el debate, bienvenidas las distintas posiciones y bienvenidos todos los aportes que se expresen con racionalidad, en aras del bienestar colectivo.

Eso es la democracia. Eso es lo que la Universidad de Buenos Aires debe cuidar, defender y garantizar. Eso es lo que nos permite celebrar hoy 25 años de madurez como nación. Como los rectores que me precedieron, como los diferentes consejos superiores que dirigieron esta institución durante los períodos democráticos, debemos luchar tanto para que la UBA cuide, defienda y garantice la democracia y la autonomía como para lograr que convivan cotidianamente las distintas funciones que hacen a la universidad pública: la universidad que investiga, la que enseña, la que trabaja, la que se inserta en los distintos campos disciplinares. La que, en definitiva, atiende todos los problemas del país generando profesionales e investigadores comprometidos con la sociedad argentina.