La actividad se desarrolló en el marco del ciclo La Uncuyo en el Debate Social que organiza la secretaría de Extensión de la UNCuyo y tuvo como invitados a referentes destacados en el tema a nivel provincial, nacional y latinoamericano.

Carina Stehlik, responsable del Plan de Adicciones de Mendoza, manifestó que hasta el momento se ha focalizado en perseguir a quienes consumen sustancias, lo que no ha logrado disminuir ni el consumo ni el mercado. Agregó que se invisibiliza algo que ya existe, y por conveniencia, la sociedad construye a la droga asociada al delito, catalogándolo desde lo moral. La titular de Adicciones expresó que el  tema no debe plantearse por fuera de los derechos, ni hacerse en el marco de una pena legal. “Hay que proponer una política humanitaria en materia de derechos y en esto el Estado tiene responsabilidad y deuda, sobre todo con los sectores más vulnerables. Acá no hay ningún flagelo. El uso que hagamos de ello le dará la connotación de bueno o malo.”

En el caso de Argentina, diputados de distintos bloques (FPV, UCR, FAP) acordaron elevar un proyecto conjunto que ya tiene media sanción. Además, en la provincia de Mendoza también existen múltiples iniciativas del Poder Ejecutivo. Sebastián Basalo, editor de la revista THC, creada en 2006, y de amplia difusión en todo el país sostuvo que las drogas siempre se usaron con fines rituales, recreativos y medicinales. Y agregó que los problemas aparecieron a principios del siglo XX cuando se necesitó un sujeto productivo. Entonces se las prohibió, lo que llevó al aumento del consumo y a la creación de un mercado paralelo, “que hoy se lleva 800 mil millones de dólares por año.” Basalo, en su recorrido por las historia de las drogas dijo que para sustentar este negocio se construyó un discurso basado en prejuicios sociales y sobre todo  en la lógica del enemigo, “el que nos viene a dañar cuando consume sustancias.”

Añadió que con la situación actual se saturan las cárceles y se empeora la salud, ya que los que consumen sustancias no se acercan a los hospitales por temor a ser detenidos. “El elemento central de este tema está en la Constitución, que es la libertad de elegir el modo de vida privado que queremos. Penalizar el uso de drogas, es penalizar eso”, sostuvo Basalo.

En varios países se está discutiendo la necesidad de modificación de la política pública sobre las drogas atentos a que las medidas adoptadas no han sido suficientes. En Uruguay, el Estado podría empezar a cultivar y vender marihuana legal en un intento que, según el gobierno de Mujica, tiende a “arrebatarle la planta a los narcotraficantes y proponer nuevas políticas socio-sanitarias ante el avance de la pasta base”. 

Julio Calzada Mazzei, secretario General de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay dijo que el proceso de mercantilización  hace que se pierda su valor de uso por su valor de cambio. Hizo referencia que la guerra a las drogas que Estados Unidos comenzó en 1971 está perdida ya que los resultados demuestran que aumentó en el mundo: usuarios, problemas de salud pública, lavado de dinero, venta de armas. Contó que en su país se han intentado políticas de incautación y procedimientos y que cuando se logró la mayor efectividad en el control solo se pudo incautar el 10% de lo que la población consume. Entonces, “el Estado debe regular las drogas, generar un consumo responsable, políticas de convivencia y golpear al narcotráfico” ya que no sólo ha aumentado el consumo sino los problemas asociados, como nuevas formas de violencia. “La mejor política de drogas es la que se centra en la inclusión social. El principal problema de drogas en América Latina no es el uso sino la pobreza, la exclusión, la marginalidad y la indigencia”, concluyó Calzada Mazzei.