El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo se dirige a la comunidad mendocina en particular y a la comunidad nacional en general, para ratificar en todos los términos la posición asumida, respecto al conflicto con Dalvian S.A. que contínua en proceso judicial.

Es claro y contundente que toda la comunidad universitaria está unida y movilizada en defensa de lo que le pertenece a los argentinos y que se le ha encomendado a la UNCuyo, por imperio de la Constitución y de las leyes. La defensa de la educación pública y gratuita, pagada por todos los argentinos, es misión esencial de nuestra institución.

Nuestra condición de Consejeros Superiores, responsables del gobierno universitario, nos obliga legalmente a la defensa patrimonial, pero debemos reconocer que, además, sentimos orgullo de realizar esta tarea.

El apoyo de los ex Rectores, que oportunamente realizaron los actos necesarios para la defensa patrimonial, consolida nuestra posición.

La Rectora de nuestra Universidad ha actuado en su condición de Presidente del Consejo Superior, realizando todas las gestiones pertinentes, en permanente información de los pasos, incluidas las dos reuniones que se tuvieron con el Sr. Daniel Vila, para escuchar su oferta de arreglo extrajudicial. La primera de ellas acompañada por el Vicerrector y la segunda en la que el Sr. Daniel Vila hizo una oferta inaceptable, que no reconocía plenamente nuestros legítimos derechos. Cabe aclarar que la posibilidad de una oferta razonable debía ser luego tratada y aprobada por el Consejo Superior y enviada al Congreso Nacional para su ratificación por ley.

El festejo del día de la Bandera Nacional dispuesto por el Consejo Superior, en el sector de nuestro Campus pretendido por Dalvian S.A., mostró la unidad de la comunidad universitaria y el apoyo de la sociedad mendocina y abrió una nueva etapa, de concientización y movilización, en defensa del patrimonio nacional. La agresión sufrida en horas de la tarde, con el robo del mástil y la bandera nacional, oportunamente denunciada a la justicia federal, no ha podido empañar la fiesta patria y la contundente expresión cívica que presenciamos.

Ratificamos enfáticamente la posición asumida, afirmamos que seguiremos hasta las últimas consecuencias con nuestro accionar en defensa del patrimonio público nacional, solicitando a nuestra comunidad mantenerse en estado de alerta. En función de ello constituimos una comisión de seguimiento del conflicto, que analizará las acciones a realizar.

Por último, queremos hacer pública nuestra gratitud, porque nos sentimos absolutamente acompañados por toda la sociedad de Mendoza que, solidariamente se ha movilizado por esta causa y expresado con claridad su apoyo al reclamo, lo que nos obliga aún más a perseverar en nuestro empeño.