Una multitudinaria manifestación recorrió Montevideo el pasado 20 de mayo en el anual homenaje a las víctimas de la represión militar.
El presidente Tabaré Vázquez, junto a varios ministros y funcionarios, participó de la misma. Es la primera vez que un mandatario interviene en una movilización de este tipo en Uruguay. Vázquez fue, en su tiempo, un militante por los derechos humanos. Ahora desde el gobierno está tomando varias acciones para tratar de aclarar el destino de los desaparecidos. Incluso autorizó la exploración en predios militares para que expertos releven la eventual existencia de restos humanos.
La manifestación, convocada todos los años por el Movimiento de Familiares de Desaparecidos (Fedefam-Uruguay), la central sindical única PIT-CNT y grupos sociales, desfiló en silencio, encabezada por carteles con fotos de los cerca de 200 detenidos desaparecidos.
La llamada Marcha del Silencio recuerda los hallazgos en 1976, en Buenos Aires, de los cuerpos baleados y torturados de Rosario Barredo ,William Whitelaw, del Movimiento de Liberación Nacional –Tupamaros, del senador Zelmar Michelini y del diputado Héctor Gutiérrez Ruiz.
La consigna rezaba: "Para el pasado: Verdad. En el presente: Justicia. Por siempre: Memoria y Nunca Más".
Tabaré Vázquez se sumó a la marcha a mitad de camino y lo hizo con su escolta, pero sin hacer notar su condición de primer mandatario de la República. El mismo, al asumir la presidencia, el pasado 1 de marzo, prometió cerrar la herida abierta por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985).
Entre los miembros del gobierno presentes en la marcha también estaban dos de los hijos de Michelini: el senador Rafael Michelini y el subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini.
Para Aida, madre de Washington Barrios, el primer desaparecido uruguayo en Argentina, en 1974, esta marcha significó "mucha esperanza y mucha fe de que se aclare la impunidad de los últimos años".
Según la radio uruguaya en Intenet, Espectador.com, la dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en Uruguay. En Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de uruguayos; en Chile 8; en Paraguay 2, y en Brasil una.
El avance en esta causa y los pasos dados por el gobierno de Vázquez a favor de esclarecer lo ocurrido durante la dictadura, aumentan la confianza de que "esta vez se haga justicia”, comentó al terminar el acto la ex diputada Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz.
La manifestación se realizó dos días después de que la fiscal Mirta Guiaze pidiera el procesamiento y encarcelamiento del ex dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco, por coautoría de los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo.
El juez Ricardo Timbal tiene 45 días a partir del 24 de mayo para emitir fallo. A pesar de esto la abogada querellante, Hebe Martínez Burlé, dijo tener la convicción de que Timbal decidirá de modo rápido.
Martínez Burlé señaló, además, que se han presentado pruebas "más que suficientes para que el Juez siga el criterio de la fiscal Mirta Guianze, lo cual implicaría para el acusado una sentencia de 15 a 30 años de cárcel". Entre las más contundentes se cuentan documentos desclasificados en los últimos meses en Uruguay, Argentina, Chile y especialmente en Estados Unidos.
La abogada de la familia Michelini indicó que la fiscal pudo así establecer la existencia del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América nacida en 1975 para reprimir por encima de fronteras, en el marco del cual se perpetraron los asesinatos de Michelini, Gutiérrez, Barredo y Whitelaw.
La falta de enjuiciamiento a la represión ilegal de los años 70 y 80 se debe a la ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, avalada por un plebiscito en 1989 y que dejó fuera de los tribunales a militares y policías.
Sin embargo, dejó el camino libre para la investigación del destino de más de 210 detenidos-desaparecidos uruguayos y el paradero de los hijos de varios secuestrados, así como el enjuiciamiento de los cómplices civiles de los crímenes contra la humanidad.
Los presidentes que se sucedieron tras la recuperación democrática, los centro-derechistas Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Lacalle (1990-1995) no tuvieron la voluntad política para avanzar en esta y otras causas en las que están involucrados civiles, y trabaron todo intento al respecto, comentó Martinez Burlé.
Sólo tras la llegada al gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) del Partido Colorado, se impuso un clima de mayor apertura, en especial por la creación de la Comisión para la Paz, cuya misión fue dar con el destino de los desaparecidos.
En ese marco, se reactivó la causa por los asesinatos del senador Michelini, cofundador del hoy gobernante Frente Amplio; y de Gutiérrez Ruiz, del tradicional Partido Nacional y presidente de la Cámara de Diputados al momento del golpe de Estado.
En su discurso de asunción a la Presidencia, Vázquez anunció que ordenaría de inmediato a expertos civiles la excavación en dos cuarteles cercanos a Montevideo en busca de restos de desaparecidos. Estos trabajos se llevan adelante con ayuda de científicos argentinos, experimentados en la búsqueda de cuerpos desaparecidos.
Vázquez también remitió al parlamento un proyecto de ley que crea la figura de desaparición forzada de personas que permitirá a los familiares de las víctimas resolver todas las cuestiones de orden civil pendientes, como trámites sucesorios y cobro de pensiones.
Ana Hernández
Escenarios Latinoamericanos
