El encuentro de la Red de Abogados por los Derechos Humanos se realizó este fin de semana en Mendoza. Esta organización que surgió en el marco del Primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos celebrado en la ciudad de Rosario en el año 2001, tiene como objetivo luchar contra la impunidad, además de promover y coordinar acciones judiciales contra quienes participaron del proceso militar en Argentina.
Entre quienes participaron del encuentro se destaca la presencia de la Dra. Mirta Mántaras (Buenos Aires), Dra. María Elba Martínez (Córdoba), Dra. Laura Figueroa (Tucumán), el Dr. Antenor Ramón Ferreyra (Santiago del Estero) y por Mendoza El Dr. Alfredo Guevara. Denuncia La Dra. Mirta Mántaras, oficiando de vocera oficial de los abogados, denunció públicamente que los fiscales ad hoc nombrados por la Defensoría General de la Nación son los que entorpecen todas las causas. Mántaras agregó que “estos defensores oficiales representan un estorbo para el correcto desempeño de los expedientes”.
Si bien actualmente hay varios pedidos de elevación a juicio de ciertas causas, como la del caso ESMA y la que atañe al Primer Cuerpo del Ejército, tanto “éstas como las demás se encuentran estancadas en la Cámara de Casación Penal”, dijo el Dr. Adrián Gómez de Capital Federal. Desde su jurisdicción, Gómez viene recusando repetidamente a los miembros de la Casación y haciendo denuncias por abuso de autoridad. Entre otras preocupaciones que hay sobre el accionar de la Cámara, está la elección de los conjueces. Esto motivó que hace poco fueran recusados dos de los elegidos por tener estrecha relación con los militares de la junta militar: uno fue secretario de Videla y el otro abogado de militares.
Por su parte, la Dra. María Elba Martínez señaló “la importancia de reconocer a la Cámara de Casación como uno de los brazos jurídicos que pretende legalizar o dar apoyo judicial a toda una estructura de poder”. En tanto el Dr. Antenor Ferreyra se sumó a esta acusación advirtiendo que “la Casación, el mayor organismo en materia penal de nuestro país, está al servicio de garantizar la impunidad en todos los sentidos, no sólo en lo referente a la violación de Derechos Humanos”.
El tema de la impunidad preocupa de sobremanera a los juristas que integran la Red. A lo largo de la conferencia de prensa se suscitó tanto explícita como implícitamente. Las palabras del Dr. Ferreyra fueron elocuentes: “El fuero argentino es un desastre. Está integrado por fascistas y por gente muy vinculada a la dictadura. La impunidad es lo que sigue estando garantizada por más que se haya derogado la ley de Obediencia Debida y Punto Final”.
Todos los abogados presentes coincidieron en marcar que por más que se pronuncien leyes a favor de la lucha por los derechos humanos, si no hay una política concreta y cotidiana del Gobierno nacional, “esto no sirve de nada”. En el cónclave los profesionales sostuvieron que la falta de asignación de recursos representa una manera encubierta de frenar las investigaciones y asegurar la impunidad. Según Mántaras, “la política de memoria, verdad y justicia es una mentira sino hay recursos asignados suficientemente. Esto representa un freno en la lucha que lleva a cabo esta red”. La profesional aclaró que las investigaciones son sostenidas por las víctimas, los familiares y los o organismos de derechos humanos. No se puede dejar de lado lo mal que le hace esto al Estado de Derecho ya que como dijo la Dra. Mántaras “no puede existir la democracia mientras exista la impunidad”.
Emilia Palazzo
Departamento de Política
