En Paraguay, la red de abogados junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficiarán de parte acusadora. En el otro lado del banquillo, el que corresponde a los acusados, estará el Estado Argentino.
La audiencia ante la Corte es la alternativa final luego de que fracasaran todas las instancias previas de negociación. Según los análisis, el Estado argentino podría recibir una sanción internacional por violar los derechos humanos.
El Dr. Pablo Salinas, que viajará a Asunción en nombre de la Red de abogados por los derechos humanos, señaló que “el Estado tiene pocas posibilidades de salir airoso de esto diciendo que aquí no pasa nada”.
Para complicación de las aspiraciones del Gobierno, en estos días se conoció un informe elaborado por la Comisión Interamericana sobre la grave situación carcelaria. “Se trata de un trabajo técnico de 400 páginas que anexa fotos y datos estadísticos y frente a él, existen pocas posibilidades de conciliación”, afirma Salinas.
Además, el abogado aclaró que si bien la audiencia es expresamente por Mendoza, la situación de crisis en el sistema carcelario es un problema que afecta a toda Latinoamérica.
En cuanto a la posición del gobierno, remarca que sigue siendo de indiferencia. Tanto el gobierno nacional, como el provincial han asumido durante años una política de negación: “acá no pasa nada”.
Producto de esa política y de los desbandes carcelarios, Roberto Grillo y Alicia Oliveira debieron abandonar sus cargos en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en la Cancillería Argentina, respectivamente.
Dice Salinas que actualmente el Dr. Jorge Cardozo, asesor de la Cancillería y el Dr. Alejandro Acosta, Subsecretario de Justicia, reconocen el problema, aunque su preocupación no se refleja en hechos.
Es por esto que considera que un dictaminen de la Corte contrario al Estado argentino puede tener su efecto ejemplificador en toda la región y debería ser aplicable como jurisprudencia. “La problemática carcelaria es realmente de temer. Las cárceles de América están en crisis. Están explotando”, sostuvo el letrado.
Un poco de historia
Primero los abogados Alfredo Guevara padre e hijo, Diego Lavado, Carlos Varela Alvarez y Pablo Salinas presentaron un recurso de hábeas corpus a los jueces locales para que garantizaran los derechos de los presos de la Penitenciaría local. Al ser rechazado ese pedido, los profesionales llevaron adelante la misma medida pero esta vez junto con otras instituciones. Al no encontrar respuesta, recurrieron a la intervención de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH).
En el año 2004 y en lo que va del 2005 murieron en las cárceles de Mendoza 18 internos.
Para su sorpresa, la CIDH no sólo aceptó el caso sino que dispuso medidas cautelares para garantizar la vida y la integridad de los presos de la Penitenciaría de Mendoza y la Colonia Gustavo André de Lavalle. Luego la Comisión presentó el caso en la Corte Interamericana quien además solicitó medidas provisionales que son de cumplimiento obligatorio por parte del Estado.
La penitenciaría hoy
Salinas dijo a Agencia Taller que “no hubo grandes mejoras en el lapso en el que han estado impuestas las medidas cautelares y provisionales. Por ejemplo no se nombró gente en el Organo Técnico Criminológico que es en donde más hace falta la asistencia de psicólogos, sociólogos, etc”.
Para el jurista mendocino, “éste es un problema de régimen penitenciario y no de obra pública como se encarga de encasillarlo el Gobierno de Mendoza. Hoy en la provincia las cárceles tienen sistemas de regímenes penitenciarios de máxima seguridad, asimilable a un campo de concentración: los reos viven encerrados 23 horas soportando un hacinamiento inadmisible debido a la superpoblación que hay en el penal”.
Salinas afirma que “acá hay un problema de tendencia; o se tiende a la resocialización de las personas privadas de su libertad, o se tiende a la seguridad extrema” . Para él, en Mendoza lo que se quiere es preservar la seguridad externa: que los presos no se escapen ni molesten.
Y asegura que el modelo debería estar dirigido a la resocialización de quien está privado de su libertad. “Que exista un régimen represor solo conduce a que haya más violencia”, concluye.
Las palabras del Dr. Salinas son claras al respecto: “El problema de las cárceles es un problema de resocialización, de reeducación y un problema de cumplir con nuestra Constitución y tender a un modelo humano que tenga en cuenta a las personas libradas de su liberta, que sean consideradas personas”.
Emilia Palazzo
Departamento de Política
