Principalmente reclaman que el proyecto contemple un sistema de gestión territorial que establezca mecanismos de participación y controles cruzados. “Toda norma que implique criterios de convivencia entre los ciudadanos, en este caso de Mendoza, debe contar con el consenso y la necesaria participación de todos los estamentos de actuación provincial tanto sociales, académicos, políticos, culturales, y entidades que interpreten que el destino común de una sociedad requiere un común acuerdo básico, amplio, incluyente y en función de los objetivamente beneficiarios de una ley, es decir todos los mendocinos”, expresa el documento elaborado por el Diálogo.
Emotivo diálogo entre secundarios de la UNCUYO y Francisco Velázquez
4 de julio de 2024
