Principalmente reclaman que el proyecto contemple un sistema de gestión territorial que establezca mecanismos de participación y controles cruzados. “Toda norma que implique criterios de convivencia entre los ciudadanos, en este caso de Mendoza, debe contar con el consenso y la necesaria participación de todos los estamentos de actuación provincial tanto sociales, académicos, políticos, culturales, y entidades que interpreten que el destino común de una sociedad requiere un común acuerdo básico, amplio, incluyente y en función de los objetivamente beneficiarios de una ley, es decir todos los mendocinos”, expresa el documento elaborado por el Diálogo.
La UNCUYO invita al foro de urbanismo para repensar una ciudad integral y sostenible
27 de noviembre de 2024
