La Comisión Nacional de Familiares de ex Presos Políticos fallecidos (EXPPFA) envió un comunicado público, en Santiago de Chile, en el mes de julio, dirigido especialmente al presidente “socialista”, Ricardo Lagos en el que afirma: “también pasan a ser víctimas los hijos, los cónyuges y la familia. Los allanamientos, los violentos interrogatorios, el secuestro de los hijos y la detención de miembros del grupo familiar afectaron física, emocional y económicamente a todos”.
En el prólogo del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que presentó Ricardo Lagos, el 10 de noviembre del año pasado, anunciaba: “Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se reivindicó la dignidad”. En el mismo informe afirma que el Estado está comprometido a adoptar medidas que ayuden a mitigar los efectos del dolor causado. En la ley Nº 19.992 en el artículo 1º dice: “Establécese una pensión anual en reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos”.
Recordemos que en el mes de mayo, organismos ligados a víctimas de la represión política del régimen militar pidieron, mediante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desista de su propuesta de decretar el cierre de todos los procesos que se instruyen por esta causa, a partir del 25 de julio. No obstante, la jueza determinó que la disposición es ilegal, improcedente e inconstitucional, ya que en ningún caso puede modificar materias propias de la normativa.
Hay una lista de cerca de 28.000 personas que fueron calificadas como víctimas de prisión política y tortura, sin embargo, entre ellas 2.558 personas, cuando se constituyó la Comisión, ya habían fallecido, es decir que para ellos no existe reparación, ni siquiera figuran en la lista como fallecidos. Sólo queda el dolor e indignación de sus familiares que los recuerdan.
Cabe destacar que muchos de los ciudadanos chilenos fallecidos que se registran en el informe percibían pensiones de gracia otorgadas por el Estado, las que extinguieron al morir el titular.
Además, el 31 de julio, en Vancouver, Canadá, el Comité de ex Presos Políticos se reunió en asamblea para denunciar que el Estado impuso una reparación “austera y simbólica”, en la que no se respetaban los derechos humanos. Para el Comité, por muchos años crearon diferentes instancias de “diálogo”, sin una verdadera justicia.
La ley 19.992 y su Reglamento, para los EXPPFA, violenta los principios y garantías universales consagrados en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, donde afirma en el articulo 63 del Capítulo VIII: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá (...) que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece en el artículo 9: “Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura”; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Otra tema íntimamente relacionado es la causa de Pinochet, ex dictador chileno (1973-1990) responsable de la Operación Cóndor, en la década del 70, y de la denominada Caravana de la Muerte, llevada a cabo en esa misma década. La primera, fue una coordinación represiva, en la que intervinieron los servicios de inteligencia de países sudamericanos que tuvo como objetivo el intercambio de información acerca de personas “subversivas” residentes en dichos países, como así también la cooperación para perseguirlas a través de las fronteras nacionales.
Anahi Perez
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Editora de Escenarios Latinoamericanos.
