Participarán de la audiencia en la que expondrán sobre los permisos oficiales para realizar desmontes en cuatro departamentos de Salta.

Representantes de pueblos nativos de la provincia de Salta aguardaban esta mañana en Plaza de Mayo el momento señalado para dirigirse a la sede de la Corte Suprema de Justicia donde se llevará a cabo una audiencia pública por la demanda sobre el desmonte y la tala indiscriminada de bosques en la provincia de Urtubey, de la que participarán, además, autoridades nacionales, de la gobernación y organizaciones sociales.

Miguel Montes, representante de la comunidad wichi y firme junto a otros dirigentes en la Plaza dijo esta mañana en declaraciones a radio La Red que espera que "la Corte nos favorezca, nos respete, que nos ayude a hacer justicia" y detalló estar "seguro de que la Corte se va a expedir a favor" de la pretensión de limitar la tala de bosques nativos.

La esperada audiencia pública estaba programa desde el año pasado, antes que el alud arrasara a la ciudad de Tartagal, antes de que los medios recogieran dramáticos testimonios y antes de que la Presidenta caminara sobre el barro y abrazara a las madres que habían perdido todo por la tormenta y que seguirían pisando ese barro por mucho tiempo más.

La convocatoria de la Corte surgió en base al recurso de amparo interpuesto en diciembre de 2008 por un grupo de particulares, comunidades indígenas y asociaciones criollas que no podían aguardar al indeterminado momento en que el Estado decidiera reglamentar la Ley de Bosques e impedir así la continuidad de la tala de árboles en distintas zonas de la provincia.

A nueve días del alud que arrasó Tartagal, y a días de la reglamentación de la ley , las partes que integran la audiencia expondrán en forma oral y pública sobre los permisos oficiales otorgados para realizar desmontes en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria de dicha provincia.

"Estamos acorralados, y por eso acudimos a la justicia. Muchos hermanos sufren (las consecuencias del desmonte) y no tienen la posibilidad de hacer la vida que ancestralmente hacían", señaló Montes.

La audiencia podría significarle al gobernador Urtubey un importante dolor de cabeza, según lo que dijo un máximo del tribunal días atrás cuando recordó que “"los demandantes sostienen que la Provincia de Salta, al haber otorgado autorizaciones a esos fines y al tolerar las prácticas realizadas en su jurisdicción de manera clandestina, no ha cumplido con sus obligaciones legales".

La denuncia, que fue acompañada por estudios de especialistas de la Universidad Nacional de Salta, también le atribuyó responsabilidad al gobierno nacional por la "falta de control" sobre esa actividad.

La Corte explicó que decidió llamar a audiencia porque "los hechos denunciados exigen el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado".