La facultad de Derecho abrió un espacio de discusión y diálogo a través de un foro debate en el que se expusieron las inquietudes y opiniones de la comunidad académica en torno al proyecto de reforma a la Ley 4.976, que regula la profesión de los abogados.

En el comienzo del encuentro, la secretaria de Extensión y Vinculación de la Facultad, María Laura Farfán, destacó "que -luego de dar a conocer la metodología del debate- la idea de la Unidad Académica fue abrir un espacio para que las diferentes personas que integran nuestra comunidad educativa expusieran sus inquietudes y puntos de vista respecto de la reforma que impactará principalmente en los futuros abogados”.

A continuación, los representantes de la comunidad académica de Derecho dieron a conocer sus posturas respecto al proyecto de ley que busca tomar un examen a los recién graduados para poder matricularse y ejercer como abogados.

La jornada se concretó en el aula M de la Facultad y la impulsaron las secretarías de Extensión y Vinculación y de Graduados de Derecho.

Algunos testimonios

“En mayo de 2016, el Consejo Permanente de Decanos de facultades de Derecho, fundamentándose en el principio de autonomía universitaria, reafirmó su posición histórica sobre la función indelegable de las universidades para expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional, expresando su rechazo a cualquier sistema que prive, limite o desconozca esta atribución”, expresó el ex decano de Derecho y Profesor Emérito de la UNCuyo, Luis Enrique Abbiati.

“Dudo que sea tan simple y tan transparente como lo plantea los considerandos del proyecto de ley. Creo que en este proyecto hay serias dificultades constitucionales”, sostuvo por su parte el profesor Félix Viera, a quien se sumó el punto de vista de su colega Sergio Fuentes: “El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto que no va a decir solo como va ejercerse la profesión en Mendoza, sino que también nos va a decir quién puede ejercer y quién no. De qué forma justifican, mínimamente, la condición indispensable para formar parte de un tribunal evaluador, la academia. Quien no es académico, no puede enseñar derecho, ni evaluar abogados”.

“La Provincia es absolutamente incompetente para legislar sobre un requisito que hace al título en sí mismo y que es de injerencia o competencia nacional”, manifestó también el docente Fernando Armanague, a lo que añadió: “Atenta contra la libertad de trabajo”.

Mientras que, el profesor Armando Martínez destacó que el objetivo que “están persiguiendo no es el que figura en los fundamentos expresos del proyecto. Las instituciones universitarias, que son las que certifican el conocimiento y la habilitación profesional, porque así lo dice la ley de educación superior, están sujetas a un proceso de acreditación, a un proceso de exhaustivo control por parte de la CONEAU”.

“Es muy difícil pensar que haya once mil abogados en Mendoza, vamos por la matricula 11 mil, pero profesionales en ejercicio hay poco más de cinco mil. Nos preocupa como estudiantes que quienes tienen estas responsabilidades institucionales tomen estos temas con tanta liviandad”, explicó Alejandro Muñoz Coll, dando paso al turno de las ponencias de los estudiantes.

“La primera observación que hacemos como estudiantes, y creo que en general toda la comunidad de operadores del derecho, es la completamente nula participación que se le dio a esta comunidad en la redacción, elaboración, en la decisión del proyecto de ley”, indicó a su vez Leandro Boverman. “Si se aprueba, sienta un precedente bastante nefasto, ya que desconoce la validez de los estudios de las personas que se han recibido en universidades nacionales”, agregó.

En tanto que, Rodrigo Agustín Rodríguez señaló que esta iniciativa no busca mejorar la calidad institucional del sistema jurídico mendocino,” porque si efectivamente estuviese destinado a mejorar la calidad del sistema no apuntaría a los estudiantes de la facultades de Derecho provinciales, sino que hubiera empezado en primera instancia revisando la calidad de los actuales abogados, fiscales y jueces”.

“Esto, para nosotros, avasalla y pisotea derechos reconocidos por la Constitución del futuro graduado en Derecho. Lo que salga de aquí debe ser escuchado por aquellos legisladores que van a tratar el tema, es muy importante que nos pronunciemos unidos”, ponderó Nicolás Lucero.

A su vez, el egresado de Derecho, Carlos Blanco, expresó que “necesitan que en el año se matriculen menos abogados. Se decide tomar un examen que nadie sabe quién lo va a tomar, qué cualidades académicas tienen aquellos que lo van a tomar. Se cuestiona a las cátedras de Derecho Procesal, de Práctica Profesional de las distintas universidades”.

En tanto que, Andrés Almada indicó que estas restricciones que pueden derivarse de la regulación legal del ejercicio de la profesión, “debieran pasar un test de razonabilidad para devenir en inconstitucionales. Hay una contradicción en lo que se busca y en la elección de las herramientas idóneas para alcanzar los objetivos, que primero tienen que estar bien definidos, bien expresos para hacer posible un verdadero análisis de constitucionalidad”.

Todo el material que se expuso durante el foro se elevará al Consejo Directivo de la facultad de Derecho, quien se expedirá al respecto.