Por Lucas Adre
Departamento de Cultura
Luis era un médico del pueblo jujeño de Ledesma, comprometido con la salud de la comunidad. Durante años denunció la falta de políticas públicas y control en esa región. Esta prédica por el pueblo y los más indefensos le costó su primer secuestro el 24 de marzo de 1976 por los gendarmes. Permaneció detenido durante un mes. Pero lo peor ocurriría el 13 de mayo de 1977 cuando fuera secuestrado por segunda vez, de la forma más violenta. Nunca más se lo volvió a ver.
Es la historia del doctor Luis Aredes, esposo de la ya fallecida Olga Martínez de Aredes, una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza de Mayo. Una entre las tantas dolorosas historias sufridas por argentinos víctimas de la peor represión de Estado ocurrida en la historia de nuestro país entre 1976 y 1983.
Miles son los desaparecidos que dejaron como saldo los genocidas (la mayoría aún sueltos) de la última y más feroz dictadura militar en la Argentina. Si bien el gobierno dictatorial duró hasta 1983 – momento en el que volvió la democracia – las desapariciones en forma masiva ocurrieron entre 1977 y 1978.
El genocidio
Desde que la Junta Militar, integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti, se hicieron cargo del poder en Argentina el 24 de marzo de 1976, llevaron a cabo el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Fue el comienzo de una fuerte crisis económica en el país que aumentó los niveles de pobreza y provocó una fuerte inflación. La Junta Militar desarrolló, para ello, un proyecto planificado y dirigido a destruir toda forma de participación popular a través del Terrorismo de Estado.
Se puso en marcha, entonces, una represión implacable sobre toda fuerza democrática: la política, la cultura, sindicatos, gremios, movimientos sociales, etc. Además se censuraron los medios de comunicación, buscando el control absoluto sobre éstos.
Uno de los métodos de represión fueron los secuestros. Desde el momento en que una persona era considerada sospechosa, ésta era secuestrada, torturada, violada – en el caso de las mujeres – y en muchas ocasiones ejecutada. Los secuestros ocurrían generalmente de noche, en los domicilios de las víctimas a la vista de su familia, en el trabajo, en la calle o en algunos países vecinos con la colaboración de las autoridades locales.
Los blancos eran militantes de organizaciones políticas y sociales, estudiantes, dirigentes gremiales, sacerdotes comprometidos con la lucha social, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos, periodistas, parientes de algún “sospechoso” que figuraba en las listas que las “patotas” – grupos de militares que realizaban los secuestros – tenían, etc. En su mayoría entre 15 y 30 años de edad.
Los detenidos eran llevados a alguno de los alrededor de 340 centros de detención clandestinos – los llamados “chupaderos” – que existían en el país – Campo de Mayo, ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), D2 (Mendoza), etc. – donde eran violados y torturados física y psicológicamente. Muchos eran ejecutados. Los cadáveres aparecían en las calles, como muertos en enfrentamientos. Pero en la mayoría de los casos se ocultaban, enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas, arrojados al mar con bloques de cemento luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo, no hubo muertos sino “desaparecidos”.
Pero la brutalidad de los militares no era sólo para los “sospechosos” o parientes de éstos, también se extendió a los hijos de los mismos. Niños que fueron secuestrados junto con sus padres, o como en el caso de muchos, nacidos en los centros de detención donde estaban sus madres. En cualquiera de los casos los bebés fueron separados de sus progenitores y entregados a otras personas, o en el peor de los destinos eran apropiados por sus secuestradores e incluso matados. Algunos cuerpos fueron encontrados. Otros aparecieron con vida y fueron identificados gracias al trabajo de organizaciones como la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), Abuelas de Plaza de Mayo, entre otras, transformándose en “aparecidos” y recuperando así su identidad. Sin embargo muchos, aún hoy, siguen sin ser encontrados… siguen desaparecidos.
Ayer y hoy
La lucha de quienes buscan a sus desaparecidos y de aquellos solidarizados con la causa es una tarea que se repite año tras año, no sólo en Argentina sino también en muchos países latinoamericanos y del resto del mundo. Tanta lucha encontró un día más para conmemorar: el 30 de agosto Día Internacional de los Detenidos-Desaparecidos. Fecha que surge como iniciativa de la organización no gubernamental latinoamericana FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) en homenaje a los desaparecidos de las dictaduras latinoamericanas.
Actualmente se conmemora en todo el mundo, buscando combatir el olvido, apelando a la memoria colectiva como arma de los pueblos que buscan justicia no sólo para los desaparecidos de ayer sino también para los de hoy.
El mundo entero sufrió y sufre las desapariciones de personas. Argentina vivió su historia, terrible en los setenta. Y aún en la actualidad padece hechos de este tipo, en su mayoría – como en la época militar – de la mano de fuerzas represoras como la policía.
La lucha social es el único modo de ganarle al olvido, de pedir justicia y castigo para que aquellos genocidas -y los de hoy- paguen por sus culpas. Para que Nunca Más vuelva a pasar y para que la memoria sea, como dice el cantautor argentino León Gieco, “un arma de la vida y de la historia” de los pueblos.