Algunos colegios privados han decidido tomar los globales a fin de año, aunque considerándolos como una nota más del tercer trimestre. No buscan lesionar los contenidos fijados por la Dirección General de Escuelas. En ese marco, si la educación es la misma entre un colegio estatal y uno privado, cabe preguntarse por qué la gente prioriza a los segundos, aún a costa de sacrificios económicos.

La decisión de los directivos de algunos colegios privados, de tomar los exámenes globales de fin de año a todo el alumnado, pero considerándolos como si fuera una nota más del tercer trimestre, vuelve a dejar en evidencia la falta de políticas e instrucciones claras de parte de la Dirección General de Escuelas y no hace más que profundizar la brecha existente entre los colegios de gestión privada y pública, en detrimento, por supuesto, del alumnado de esta última.

A lo largo de su gestión, la actual conducción educativa ha realizado cambios imprevistos e importantes en su área de acción y, en algunos casos, en contra de lo que consideraban quienes integran el Consejo General de Educación, un organismo de consulta que suele ser convocado a nivel oficial para conocer su opinión sobre determinados temas.

A principios de año, el Gobierno anunció la ampliación del plazo, hasta mediados de abril, para rendir materias pendientes a los alumnos de octavo y noveno años. Hasta esa fecha, los educandos pudieron cursar con más de dos materias previas y recibieron apoyo académico durante cuatro semanas, con el objetivo de que pudieran ingresar al primero del polimodal y engrosar así el porcentaje de promoción a la secundaria.

Con posterioridad, no quedó en claro lo que sucedió con una directiva que disponía elevar la nota mínima a un 4, para “elevar la autoestima de los alumnos”, según se indicó.

Y, en el caso de los globales, existían algunas deficiencias técnicas en la normativa curricular, que derivó en la convocatoria al Consejo General de Educación para conocer la opinión de los representantes de la Universidad Nacional de Cuyo, de los colegios y universidades católicas, de los colegios y universidades privadas, de los representantes gremiales del SUTE, la UDA y docentes privados y de partidos políticos, quienes coincidieron en señalar que debía profundizarse el estudio y aplicar las modificaciones, en caso de ser necesarias, en el próximo período lectivo.

Sin embargo, las autoridades educativas insistieron con su posición, basándose en el hecho de que las decisiones del Consejo no son vinculantes “porque de lo contrario no deberíamos tener un gobernador y una directora de Escuelas y que sea el Consejo el que tome las medidas”. Una actitud incomprensible si partimos de la base que había sido el propio Gobierno el que los había convocado.

Algunos colegios privados, que en una actitud lógica y coherente habían definido su proyecto pedagógico anual, decidieron tomar igual los globales, lo que provocó el reclamo de algunos padres, incomprensible si tenemos en cuenta que la actitud va en contra de lo que constituye una mejor educación para sus hijos.

De todos modos y a los efectos de no salirse de lo que establece la Dirección General de Escuelas, los consideran como una nota más del tercer trimestre.

En ese marco, si todos los establecimientos educacionales se rigen y aceptan -algunas veces a regañadientes- lo que fijan las autoridades educativas de la Provincia en lo que a contenido curricular se refiere, cabe preguntarse por qué los padres priorizan enviar a sus chicos a un colegio privado antes que a uno estatal, aún a costa -en muchos casos- de sacrificios económicos.

Y la respuesta es simple: existen enormes diferencias en lo que a disciplina se refiere entre los colegios estatales y los privados.

En estos últimos hay reglas de conducta que deben cumplirse, lo que termina en definitiva sumando a favor de la calidad educativa. En los estatales, en la gran mayoría de los casos esas normas no se respetan y, en el afán de mantener una política de contención del alumno, se permiten agresiones o falta de respeto del alumno o de los padres hacia los docentes, sin que exista ningún tipo de sanción.

La ley 1420, piedra basal del sistema educativo nacional, fue sancionada en 1884, luego de uno de los debates más intensos y de largo alcance de la historia argentina, que llegó a dividir incluso a la generación del ’80. Estableció la instrucción primaria, obligatoria, gratuita y gradual, para favorecer el desarrollo moral, intelectual y físico de los niños -en aquel momento- de entre 6 y 14 años de edad.

Establecía, entonces, igualdad de posibilidades para todos. En los contenidos, esas posibilidades siguen existiendo, porque no hay una educación para unos y otra para el resto. La gran diferencia es que uno -los privados- respeta y hace respetar las normas de conducta; una materia pendiente en muchos colegios del Estado.