Las cárceles argentinas carecen de políticas que miren más allá del encierro temporal de las personas. Y esta visión estrecha termina promoviendo la lógica de la socialización y reincidencia criminal.

Es especialmente lamentable que la educación y la capacitación laboral no despierten el interés de las autoridades y se deje de promover el estudio y la adquisición de habilidades capaces de ayudar a la inserción laboral de quien estuvo encerrado. Además, este funcionamiento carcelario tan limitado impone un modo de consumo del tiempo que estimula la violencia, las adicciones y el trato humillante.

Las dificultades y obstáculos que deben superar los estudiantes del programa UBA XXII, por el cual la Universidad de Buenos Aires dicta diversas carreras en unas pocas cárceles, principalmente en la de Devoto, ejemplifica esta situación. Ante estos trastornos, la UBA, según lo informó, ha debido recurrir a la Justicia para que el Servicio Penitenciario Federal permita el funcionamiento normal del Centro Universitario Devoto, ya que allí los alumnos y profesores padecen diversas trabas internas que perturban la continuidad de los estudios y también la incorporación de nuevos estudiantes.

No es esta una cuestión menor, ya que muestra que el modelo de encierro que se práctica no es el que se deriva del dispositivo constitucional y, además, no parece más que prolongar a largo plazo el problema de la inseguridad, al terminar estimulando la reincidencia delictiva.

La UBA ha debido recurrir a la Justicia para que se levanten los obstáculos que pesan sobre el dictado de cursos en la cárcel de Devoto. Es necesario privilegiar la educación en las cárceles.