Al iniciar su gestión, el actual gobierno provincial y poco después la Legislatura al recibir el nuevo proyecto, reiteraron que “el propósito es que el nuevo Ordenamiento Territorial sea ley definitivamente antes de fin de año”.

Es ya fin de año y el proyecto provincial de Ley del Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial sigue en proceso de análisis y coincidencias en el Senado de la provincia -tiene despacho de comisión- con la expectativa de que en las próximas semanas sea tratado en sesiones y luego remitido para su consideración a la Cámara de Diputados.

El año pasado, la comunidad reaccionó y consiguió detener un proyecto que había conseguido media sanción en la Cámara de Diputados y que fue terminantemente rechazado por varias expresiones de la sociedad.

Luego, la Universidad Nacional de Cuyo coordinó la participación de equipos de varias facultades, de organizaciones comunitarias, docentes y de colegios profesionales, en la elaboración de un trabajo de bases para un proyecto de Ley de Ordenamiento Urbano, separada de las particularidades de una propuesta de loteos.

El Poder Ejecutivo provincial recibió la propuesta de la Universidad a principios de 2008 para su análisis y opinión y a mediados de agosto elevó el trabajo para consideración de la comisión de legislación del Senado, con un informe propio que prácticamente coincide con la propuesta de la UNCuyo y la comunidad, sin mayores objeciones.

“La Ley de Ordenamiento Territorial y el Plan Ambiental serán ley definitivamente antes de fin de año”, se prometió en la Secretaría de Medio Ambiente y en la Legislatura, al promediar el año.

No es un desafío menor: se trata de ordenar, no sólo una estrategia provincial para la expansión urbana y la vida en el campo (cómo se crece, hacia dónde, con qué previsiones, quién financia la infraestructura del crecimiento, cómo se preserva el escaso verde productivo, cómo se ordena la expansión urbana y la ampliación de los servicios, etc.), sino también de buscar un equilibrio en la autoridad de aplicación que sea eficaz, ecuánime y vele por la racionalidad de los intereses en juego, públicos y privados de todo el territorio provincial.

Es necesario cuidar que la intervención municipal sea salvada, como lo impone la Constitución provincial, y se ordene el destino del Gran Mendoza, pero en un marco que preserve toda la integración provincial y no genere 18 cotos y ninguna eficacia ordenadora.

Buena parte de las demoras -según se ha informado- se debe a que hubo que elaborar coincidencias en torno a la autoridad de aplicación (si delegarla en una institución colegiada independiente del Ejecutivo, probablemente en su Secretaría de Medio Ambiente; si debe ser un organismo dentro de la estructura del poder administrador, pero con autonomía ejecutiva y financiera, o si conviene integrar un colegiado con representantes del gobierno y de los intereses representados, etc.) y las implicancias del proyecto en las autonomías municipales.

En atención a los 15 años de postergaciones y a las definiciones de la comunidad, los plazos no pueden ser infinitos y es de esperar que no se viva otra frustración. Tampoco la futura reglamentación puede quedar a expensas del viejo truco de “leyes marco” tan genéricas, que se diluyan luego en la reglamentación o en las jurisdicciones municipales, que suelen pujar por su propia cuota de poder en el asunto.

Es mucho lo que está en juego. No sólo el ordenamiento del territorio y de las instituciones responsables de esa política, sino el criterio para resolver el mejor uso del agua, escasa aquí en el desierto agreste; el tratamiento que se le dará a la explotación petrolera, a la minera, a la industrial con riesgo contaminante; o el modelo de vida urbana y rural que se propiciará; al criterio de expansión de la gran ciudad y a sus problemas de hacinamiento, crecimiento inmobiliario y transporte público; a la estrategia para compatibilizar la tendencia urbana a escapar hacia las zonas más verdes, fértiles y de menor vértigo. Lo que se apruebe tendrá que tener claros los vínculos de coordinación con las políticas del Plan Estratégico Nacional.

La pretensión de la sociedad -frustrada muchas veces en estos 15 años- sigue siendo contar con una estrategia de Estado, estable, precisa y ampliamente consensuada, que permita conocer con anticipación, las normas sobre la expansión de las ciudades y la dignificación de la vida en las áreas rurales; tener claro quiénes decidirán y en base a qué normas y cuáles métodos de gestión; cuáles son los imprescindibles organismos de control y sanción a las desviaciones.

Es de esperar que esta imperiosa necesidad, llegue finalmente a su culminación en los tiempos prometidos y no se disipen los compromisos asumidos.

En manos de la Legislatura está la oportunidad de ordenar -esta vez con una propuesta ampliamente consensuada- este extenuante proceso, convirtiendo en ley cuanto antes un modelo de vida urbano y rural que ha tenido discusión técnica y comunitaria, para la Mendoza que todos aspiramos como escenario de vida.