Las cifras conocidas recientemente, sobre la cantidad de chicos pobres o indigentes que residen en el Gran Mendoza, deben constituir un severo llamado de atención, tanto para las autoridades como para la población en general. Se necesitan políticas de Estado que deben aplicarse ya, porque los frutos recién podrán observarse en el mediano plazo.

Los datos son alarmantes y deben constituir un severo llamado de atención, tanto para las autoridades como para la comunidad en general. Un estudio determina que 54 por ciento de los chicos que residen en el Gran Mendoza viven en la pobreza o en la indigencia, con gran parte de sus necesidades básicas insatisfechas.

A esa situación debería agregarse un hecho no menos preocupante: la medición se realizó en el curso del año pasado, cuando la Argentina mostraba aún un fuerte crecimiento económico, lo que equivale a decir que las cifras por lo menos se mantienen y que podrían tender a incrementarse si, como dicen los economistas, puede llegar a producirse un freno en las actividades económicas, industriales y financieras el año próximo, como consecuencia de la crisis internacional que también afectará a la Argentina.

La problemática ya había sido planteada en distintas oportunidades por organizaciones no gubernamentales o por quienes atienden los comedores comunitarios, aunque no existían cifras concretas sobre el particular. Un aspecto que se multiplicaba como consecuencia de la carencia de datos oficiales actualizados.

Sin embargo, un estudio realizado entre la Universidad Católica y la Fundación Arcor sacó a la luz la dura realidad, al indicar que 54 por ciento de los chicos que residen en el Gran Mendoza se hallaba en condición de pobreza o indigencia durante 2007, en una situación que comenzaba a tomar rasgos similares a los de la crisis de 2001.

De los 192 mil niños menores de 14 años tomados en cuenta, que representan un 21 por ciento de la muestra total, el 31 por ciento se encuentra en la línea de pobreza y, de ellos, el 21 por ciento es pobre y el 10 por ciento indigente, lo que determina que no alcanza a cubrir sus requerimientos alimenticios básicos.
 
Debe consignarse en ese aspecto que el censo de 2001 había demostrado que de un total de 458 mil chicos de la misma franja de edad, 101 mil tenía para esa época al menos una de sus necesidades básicas insatisfechas.

A esos valores habría que agregarle lo que puede estar sucediendo en las zonas rurales, donde la situación es quizás aún más acuciante.

La calificación de “necesidades básicas insatisfechas” se da para aquellos hogares en los que al menos se registra uno de los siguientes indicadores: hacinamiento (más de tres personas por cuarto), viviendas inconvenientes (pieza o inquilinato precarios), baño sin retrete o sin agua, niños sin escolarizar o más de cuatro personas por miembro ocupado en la familia.

También se considera en esa franja a las familias en las que los ingresos familiares no cubren el costo de la canasta básica de alimentos (estimada en 991 pesos según un estudio de la UNCuyo), mientras en el caso de los hogares pobres son ubicados quienes no logran cubrir el costo de la canasta básica, más otros bienes y servicios.

Debe consignarse que en nuestra provincia, 200 mil niños son asistidos desde el Gobierno en merenderos, mientras 24 mil familias dependen de tickets alimentarios para vivir, lo que de ninguna manera brinda una solución al problema y sólo sirve para paliar, en una pequeña porción, la solución definitiva y necesaria.

No menos preocupante es lo que sucede en el país. Una denuncia de la Red Solidaria, integrante del Centro de Lucha Contra el Hambre, indica que 8 menores de 5 años mueren por día en la Argentina por desnutrición y agrega que en la Argentina hay 2.100.000 personas que no tienen garantizado el acceso a una alimentación básica, lo que equivale a aproximadamente 330 mil familias.

El doctor Abel Albino, titular de Conin, fue claro en su planteo sobre la gravedad del problema, al señalar que debe dejarse de lado el concepto de que la pobreza es un problema sólo de los pobres, porque aquí no hay salvaciones individuales.

“Es un problema de todos y es un deber de todos: Gobierno, ONG, empresarios y la comunidad deben trabajar en conjunto para solucionarlo”, dijo, agregando que se trata de establecer un proyecto de país y una política de Estado a la que todos debemos adherir.

Esa política de Estado a la que hace alusión el profesional, debe englobar todos los conceptos, incluyendo las posibilidades de acceso al trabajo, al salario y a una vivienda digna en los jefes de familia y el de estudiar por parte de los chicos afectados.

Debe ser aplicada de inmediato, en razón de que los frutos recién comenzarán a observarse en el mediano plazo. Si ello no ocurre, si todos -incluyendo la comunidad- miramos para otro lado, el problema se profundizará y será la sociedad la que seguirá pagando las consecuencias.