E stados Unidos acaba de cosechar un estrepitoso fracaso al tratar de alinear a la Organización de Estados Americanos (OEA) en forma automática detrás de su desembozado proyecto intervencionista en nombre de la democracia. Sin embargo, los tiempos venideros se vislumbran agitados para la región, la nueva excusa de Washington par interferir en los países de América Latina se encarna en la presunta amenaza del "populismo", que en la visión del poder estadounidense parece adquirir dimensiones tan "peligrosas" como antes tenía la palabra "comunismo".

En el mes de mayo, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, señaló ante el Senado de su país: “Hay que sacar alguna baraja de la manga para detener el posible aluvión populista en América latina”, manifestó la dama de los halcones.

El punto de partida del debate fue una afirmación de Robert Zoellick, en su audiencia de confirmación en el Senado como subsecretario de Estado en febrero. El funcionario dijo que “Estados Unidos debería trabajar con Latinoamérica en la OEA para proteger la democracia contra el rampante populismo".

El comentario surgió a raíz de preocupaciones de algunos senadores sobre la posición crítica del presidente venezolano Hugo Chávez frente a Estados Unidos, el ascenso reciente de la izquierda en Uruguay, la posibilidad que Bolivia pudiera tener a un dirigente cocalero en la presidencia y sobre el ascenso, en México, del candidato opositor Manuel López Obrador.

La OEA tiene dos acuerdos para la defensa de la democracia: la Declaración de Santiago, de 1991, y la Carta Democrática Interamericana, de 2001. La primera suspende en la organización a los países en los que se hayan instalado gobiernos inconstitucionales, y la segunda es el único acuerdo multilateral en el mundo que hace de la democracia un "derecho de los pueblos".

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Roger Noriega, manifestó que no es necesario modificar esos instrumentos para avanzar con la iniciativa estadounidense. Pero Zoellick opina que ambos están "básicamente orientados a la vieja amenaza de los golpes y no a lo que vemos ahora: presidentes elegidos por voto popular que gobiernan autoritariamente".

Por su parte, Caracas quiere sacar adelante una “Carta Social”, en la que se resuelvan primero los problemas básicos del hemisferio, que son la pobreza y la exclusión. El embajador venezolano en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, declaro hace unos meses: "Firmamos con reservas la Carta Democrática porque la democracia representativa no es suficiente; proponemos la democracia participativa, que en Venezuela es un proceso que está en marcha. No puede haber democracias de elite. Tienen que ser democracias que ayuden al pueblo en su organización y lo comprometan en el trabajo del Estado”

En la reciente Asamblea General de la OEA, Estados Unidos fracaso al tratar de imponer un sistema de "monitoreo democrático" para el continente, pues con los esfuerzos realizados por Venezuela y Brasil, la mayoría de los países miembros votaron en contra de la iniciativa presentada por Washington.

Según el diario estadounidense The New York Times, la propuesta de Washington surgió a raíz de las declaraciones del recién electo Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en las que manifestaba que “los gobiernos electos que no gobiernan democráticamente tendrían que rendirle cuentas a la OEA”, expresión que habría sido negociada a cambio del apoyo estadounidense y el retiro del candidato mexicano, Luis Ernesto Derbez, a la titularidad del organismo hemisférico.

Otro embajador citado por The New York Times afirmó que Estados Unidos tiene una fijación sobre Venezuela, mientras las democracias de América Latina en general están tratando de sobrevivir, por lo que es un error señalar específicamente al gobierno de Chávez cuando existen graves problemas como pobreza y miseria extrema en toda la región.

Por su parte, canciller brasileño, Celso Amorim, rechazó el proyecto presentado por Estados Unidos. `La democracia no puede ser impuesta; ella nace del diálogo", sentenció el funcionario.

Amorin también remarcó que la democracia debe propender también a mayor inclusión y justicia social, pues "no se puede hablar de sistema político verdaderamente democrático si millones de personas son privadas de sus beneficios y de sus promesas", dijo.

Cuando George Bush fue reelegido la preocupación mundial era la prolongación de la guerra de Irak. Sin embargo, Peter Goss, director de la Central Estadounidense de Inteligencia (CIA), declaró recientemente que el ciclo electoral de Latinoamérica para el 2006 ha creado “focos potenciales de inestabilidad”, peligro de infiltración terrorista y “amenazas” para la seguridad de Estados Unidos.

La CIA apunta a México, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Haití, Colombia y a los líderes Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega.

Resulta irónico que los procesos electorales de Latinoamérica sean considerados desestabilizadores y peligrosos, mientras el de Irak, que se realizó con el país ocupado, dividido y en guerra, es considerado una victoria democrática. Los resultados electorales de Latinoamérica, cualesquiera que sean, son parte lógica, inevitable y necesaria del desarrollo cívico de los latinoamericanos.

Pero las intenciones de Washington para la región son básicamente económicas. Ante el senado estadounidense, Rice también se ocupó de solicitar a los legisladores a aprobar el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio (TLC) concebido para América Central.

Tal como está planteado en América, el debate sobre comercio libre comercio se resume en llevar a los países a ratificar las asimetrías económicas que ya favorecen a Estados Unidos, aislar a los que se opongan a esta forma especial de "liderazgo" y quizá más tarde a intervenir de un modo más directo contra esos opositores, empleando como sombrilla protectora la "legitimidad" concedida por los dóciles al orden hemisférico que propugna Washington.

El mes pasado, el ultra conservador semanario británico, The Economist hace una curiosa interpretación de la "preocupación" estadounidense por el gobierno de Chávez. Cita como ejemplo "alarmante" el de la cadena de tiendas de alimentos Mercal (propiedad estatal) que vende productos subsidiados, a precios populares, y que en algunos casos provee al 40 por ciento del mercado consumidor. Más que por la libertad consagrada de la sociedad venezolana, sugiere The Economist, hay que preocuparse por la libertad irrestricta del capital.

La innovación de recursos de control social que legitimen los nuevos negocios, las privatizaciones de los patrimonios públicos, la desigualdad y exclusión social, es donde se anclan los planes Dignidad, Colombia y Puebla Panamá.

La parte operativa de los tres Planes no ha sido tarea fácil, ha encontrado resistencia en los pueblos indígenas y la población campesina, especialmente en la zona del Chapare, Bolivia, y en el sur de Colombia.

El eje de los tres planes está mostrado al mundo por los conceptos de democracia, reducción de la pobreza, esfuerzos antidrogas, consecuencias ambientales del narcotráfico y apoyo a los Estados Unidos en su lucha antiterrorista; de ahí que los tres documentos hagan énfasis en “fortalecer las democracias frágiles".

La intención de promover la democracia liberal en Bolivia y Colombia, por ejemplo, consiste en marginar toda iniciativa política que nazca de las comunidades indígenas y populares, porque no se encuentran institucionalizadas como partidos políticos ni se realizan dentro de ellos, lo que afectaría el fortalecimiento de las democracias nacientes y las instituciones vigentes, según el pensamiento hegemónico de Washington.

La estrategia de los tres planes no está orientada a respaldar la nueva democracia que se está trazando en América Latina, tampoco a estimular la participación política de los nuevos actores, sino que tiene una definición clara, fomentar el paramilitarismo, para contrarrestar el auge de las protestas, los levantamientos de los actores que se revelan en el campo y en los sectores marginales de las ciudades, que reclaman por la ineficacia de los gobiernos, los partidos políticos y del modelo imperante para generar empleos.

Condoleezza Rice embiste contra el “populismo” sin presentar ninguna categoría o herramienta especulativa genéricamente admitida que merezca esa denominación. Existen tantas definiciones de “populismo” como autores han tratado el tema. Recientemente, Ernesto Laclau, un importante estudioso de la cuestión, después de rechazar los términos peyorativos con los que se intenta descalificarlo, concluyó que el populismo, “lejos de ser un obstáculo, garantiza la política, evitando que ésta se convierta en mera administración”.

Cabe destacar que el discurso hegemónico llama populismo a los modelos políticos que tuvieron la virtud democrática de haber incorporado a las masas populares como actores de los procesos históricos de América Latina. De cara a otra noción podría resaltarse que ciertos populismos cometieron el error de fomentar el paternalismo como forma de hacer política. Pero esas no son las preocupaciones de Washington.

A partir de los años ochenta, cuando empieza a imponerse en América Latina el credo neoliberal, se creyó que, como corriente política, el "populismo" había desaparecido. Hoy parece ser que no es así.

Entre los factores de la realidad que enfrentan los latinoamericanos, se encuentra que su población está aumentando a una tasa muy superior al de su crecimiento económico, contrariamente a lo registrado en las primeras décadas de la posguerra. Para el lapso comprendido entre 1980-2000, la población de la región aumentó en alrededor del 50 por ciento, mientras la economía creció a escala global en sólo un 7 por ciento durante el mismo periodo (incluyendo caídas, retrocesos y crecimientos moderados), pero con desequilibrios políticos, lo que significa que la calidad de vida promedio se redujo a la mitad y que la pobreza prácticamente se duplicó desde 1980.

La impopularidad es una predestinación para los gobernantes que se subordinan incondicionalmente a las políticas neoliberales. Estas llevan a la inconformidad generalizada contra el régimen existente, que puede manifestarse mediante la insurrección civil, como los casos de Argentina, tres veces Ecuador, y lo que vive en la actualidad Bolivia. También se pueden canalizar electoralmente como en Brasil y Uruguay.

De ese modo se puede ver la alta aceptación de Hugo Chávez entre los venezolanos cuando ganó el referéndum revocatorio del 2004 con casi el 60 por ciento de los votos, a pesar de tener en su contra a los medios de comunicación de su país y del mundo, a la oligarquía criolla con sus recursos económicos y al gobierno de Estados Unidos, que entregó sumas millonarias a la oposición golpista.

Cabe destacar que grupos venezolanos de oposición pro-estadounidenses que tuvieron un papel determinante en el golpe de Estado del 11 de abril y que son catalogados como “organizaciones civiles” por el gobierno de Washington, reciben financiamiento del NED y la USAID (agencias gubernamentales de Washington), en contra de lo estipulado por las leyes venezolanas, por lo que la propuesta de Noriega permitiría legalizar y legitimar tal apoyo además de asegurarles una plataforma política y mayor influencia en el escenario internacional.

La palabra democracia significa gobierno del pueblo. Hasta el momento, con la democracia vigente y controlado por los grupos vernáculos dominantes y por Estados Unidos, el pueblo no ha logrado comer en la mayor parte de la región, y las veces que comenzó a comer todos los días como en Cuba, Nicaragua, y recientemente en Venezuela, fueron acusados de “antidemocráticos”.

Es infame que el país jactado de llevar los valores democráticos, como a sí mismo se califica Estados Unidos, haya preparado sin ir más lejos un golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, quien fue elegido democráticamente. Una vez mas, quedó claro que para Washington, democracias son sólo aquellos modelos políticos que siguen sus directrices al pie de la letra.

Carlos Alfaro
Desde La Plata

APM/Agencia Taller