De los 2470 internos de Mendoza, sólo 110 terminaron el secundario y de ellos 19 lograron egresar de un nivel superior.

Tener acceso a la educación no es un privilegio para las personas que están privadas de su libertad, sino un derecho que les asegura mejores condiciones de vida y una futura reinserción social.

Eso es lo que dispone la nueva Ley de Educación Nacional y por la cual Mendoza tiene un gran desafío por delante. Es que hoy sólo estudia el 20 por ciento de la población en las cárceles locales. El número es ínfimo si se tiene en cuenta que en la actualidad la educación básica incluye el secundario y el 95 por ciento de los presos no ha pasado ese nivel.

No es que los libros despierten poco interés tras las rejas. Al contrario, la ampliación de la oferta educativa es uno de los reclamos constantes en boca de los internos.

Sucede que las limitaciones de la infraestructura carcelaria, la imposibilidad de crear varios turnos, el poco incentivo que reciben los docentes que eligen éstos ámbitos para enseñar son escollos que juegan en contra en el intento por universalizar la escolarización en los contextos de encierro.

Además, a los presos no sólo les cuesta ingresar a la educación formal, sino también permanecer en ella. "En este momento, no está terminando casi nadie, debido a los constantes traslados de unidad en unidad, por ejemplo los condenados van a Almafuerte, los que se acercan a la libertad condicional, a Lavalle.

Ese movimiento impide tener una graduación importante, en los últimos años sólo egresó un pequeño grupo", cuenta Francisco Iscar, quien lleva 10 años enseñando en los penales y, días atrás, fue elegido por el Gobierno como coordinador de las políticas que impulsa para el área.

Es que a fin de cumplir con la norma nacional, la provincia se ha propuesto salvar las anteriores falencias. La consigna es mejorar la oferta para sumar más alumnos.

Este año, el Ejecutivo comprobó que la ecuación funciona: la Dirección General de Escuelas sumó 300 horas de clases y la población de estudiantes en las cárceles trepó al 20 por ciento. Al inicio del ciclo, sólo cursaba el 10 por ciento de los detenidos.

"Ellos han perdido todas las posibilidades anteriores y lo ven como la última oportunidad para reinsertarse. Por eso, van con gusto a la escuela, van con ganas de encontrarse con alguien que los vincule con el exterior. Hay menos problemas de disciplina en las escuelas de la cárcel que en cualquier Cebas o CENS", comenta Iscar.

Sin embargo, para muchos la escuela es sólo una forma de evadir tres horas del encierro. "Sólo con educación se les puede mostrar un horizonte distinto, otra herramienta que no sea el cuchillo o la pistola", arremete el docente.
 
El desafío no es menor, pues el nivel de instrucción es muy bajo. De las 2470 personas que viven en las cárceles de Mendoza, sólo 110 terminaron el secundario y de ellos 19 lograron egresar de un nivel superior.

Jorge Galleguillo, director de Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia, expuso que actualmente están cursando 500 internos.
 
El funcionario enumeró una batería de medidas necesarias: sumar nuevos turnos, crear aulas (salvo en Almafuerte, las dependencias en el resto de las penitenciarías son muy precarias) y capacitar a docentes, ofreciéndoles un plus salarial y un postítulo especial para enseñar en contextos de encierro.

Otro de los proyectos que está en lista es organizar este sistema a través de un legajo único, "que certifique el trayecto de aprendizaje realizado en una unidad para que el preso pueda continuar su proceso en otro sitio", acotó Galleguillo.

Tareas compartidas

En este sentido, cuatro ministerios provinciales firmarán esta semana un convenio de cooperación, por el cual se comprometen a trabajar para universalizar la cobertura educativa (en todos los niveles) para las poblaciones en contexto de encierro de Mendoza: penales, ex cose y comunidades terapéuticas por adicciones.

Los deberes están repartidos. La Dirección General de Escuelas se ocupará de reforzar y ampliar la oferta educativa en los diferentes sitios.

El Ministerio de Gobierno dispondrá de lugares, recurso humano y materiales para crear nuevos departamentos educativos en los establecimientos penitenciarios. Salud hará lo propio en los centros de día e internación, ya que los chicos que se recuperan de las adicciones en la actualidad no están teniendo clases.

En cuanto el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (104 chicos viven en el ex cose), el responsable es el Ministerio de Desarrollo Social. "Allí la escuela está funcionando muy bien, pero tiene hasta EGB3 y ahora queremos agregar el Polimodal", explicó Galleguillo.

Juan López fue docente en el penal de Boulogne Sur Mer:
“Muchas clases eran más catarsis que otra cosa”

“Al principio fui con ciertos reparos, pero fue apasionante. Te prestan mucha atención, primero porque es educar a adultos y aparte a adultos en una situación muy particular.

Como docente, te ayuda a replantearte todo. Hay situaciones re fuertes. Me tocó enseñar en el tiempo pre y post motín, era como trabajar con refugiados, a veces les dejaba todo lo que llevaba. En la cárcel de mujeres, las aulas se llenaban de hijos. Muchas clases eran más catarsis que otra cosa.

Allí sólo pueden estudiar los que tienen buena conducta y lo valoran. Para ellos la educación es como una ventana, al igual que la capacitación en los talleres. Muchos aprendieron a leer y a escribir en ese contexto de encierro, es que hay mucho analfabeto en la población que delinque.

Al principio, yo me sentía muy mal, porque el sistema carcelario es muy 'heavy', sentía que el acceso a la cultura era muy resistido dentro de la cárcel. Después leyendo sobre la enseñanza en contexto de encierro descubrí por qué. Un especialista destacaba que la estructura piramidal de poder, autoritaria que existe en las cárceles contrasta con la estructura democrática que plantea la educación y, en este sentido, es imposible que no genere conflictos”.

La universidad, la próxima meta

Actualmente, sólo un detenido está siguiendo estudios universitarios. Lleva adelante la carrera de Derecho, gracias a un docente de la UNCuyo que le brinda tutorías y le toma los exámenes. La idea, tanto de la DGE como de la universidad, es extender este servicio.
 
"Hay cuatro personas que se acaban de egresar del CENS y otros 83 que están en situación de empezar una carrera universitaria", expuso Galleguillo. Para conocer cuántos de estos detenidos están interesados, en primera medida, la UNCuyo ha propuesto dictarles un curso vocacional.

Estaba previsto que ayer llegara a Mendoza el ministro de Educación de la Nación Juan Carlos Tedesco para firmar de este convenio, que tiene una vigencia de tres años. Sin embargo, el funcionario suspendió a último momento su visita.

El convenio marca que la UNCuyo se comprometerá a generar dispositivos que faciliten el acceso, permanencia y egreso de las carreras que ofrece esta casa de altos estudios para las personas que están alojadas en unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Provincial tales como Almafuerte, Boulogne Sur Mer y la cárcel de mujeres de El Borbollón.

De acuerdo a las condiciones establecidas por la universidad, el Ministerio de Gobierno garantizará la inscripción de los detenidos interesados y asegurará los espacios adecuados para el dictado de clases en las sedes penitenciarias. Por su parte, la Nación brindará asistencia técnica, materiales, capacitación y articulación con otras áreas.