El dictamen está fundamentado en las denuncias que pesan contra el docente ante el Consejo de la Magistratura y también radicadas en sede penal, por su desempeño en el tratamiento de causas por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Mendoza durante la última dictadura.

Tanto la Comisión como el pleno del Consejo se abocaron al tema en respuesta a una consulta, no vinculante, presentada por el rector Arturo Somoza, derivada de las solicitudes tramitadas por el Observatorio de Derechos Humanos con sede en la UNCuyo y por la Comisión de Etica y Derechos Humanos de los estudiantes de la Facultad de Derecho.