En una carta abierta a la sociedad mendocina que se aprobó por unanimidad, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo se expresó sobre la Ley de Financiamiento y el presupuesto de las Universidades. El escrito busca acentuar la decepción con el resultado de la votación en la Cámara de Diputados de la Nación que avaló el veto presidencial pero además incluye la preocupación por la falta de voluntad del Gobierno por dialogar sobre el presupuesto 2025 y los sistemáticos agravios al sistema universitario argentino.

La carta también menciona las campañas de desprestigio y agravios que el Gobierno Nacional lleva adelante contra el sistema universitario argentino y la solicitud a los legisladores de su compromiso para el presupuesto del año que viene.

“Nuestra sociedad no sería la misma si no tuviera los aportes de la UNCUYO, en cientos de manifestaciones distintas. Nuestra industria vitivinícola no sería la misma sin las investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias o de otras unidades académicas. No sería la misma sin una Facultad de Ciencias Médicas que salió a vacunar en plena pandemia del Covid. Son miles de ejemplos de todo lo que hacemos, porque nuestra universidad tiene un perfil disinto. Estamos al servicio de la sociedad. Por eso defendemos a la universidad pública", dijo la rectora Esther Sanchez al término de la votación.

Y agregó: "Estamos pidiendo un diálogo respetuoso y sincero, llegar a quienes toman las decisiones respecto de cómo acompañar este proceso del sistema universitario nacional. Pedimos explicar, fundamentar. (Pedimos) un diálogo que no implique desde el otro lado un agravio, o instalar hechos que no son realidad, al menos en nuestro caso".

A continuación, el texto de la carta:

Las universidades nacionales argentinas de gestión pública han estado y están dispuestas a discutir sus cimientos y estructuras con todos los sectores de la sociedad de la que forman parte. Esto es constitutivo de su modo histórico de ser. Fiel a esta dimensión estructurante, la Universidad Nacional de Cuyo, uno de los principales centros de producción del conocimiento del oeste argentino, está dispuesta a participar en los debates sociales y políticos del presente y del futuro para encontrar las respuestas que se necesitan en un mundo de cambios vertiginosos, recursos escasos y necesidades en aumento.

El Consejo Superior de la UNCUYO discute, toma decisiones y revisa periódicamente los asuntos financieros y administrativos inherentes a su funcionamiento. Las inquietudes de la comunidad universitaria y de la sociedad en general pueden responderse a través de la consulta de actas y resoluciones que son de acceso público.

Las actividades financieras y administrativas de la Universidad Nacional de Cuyo son controladas permanentemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias mediante el seguimiento de la ejecución de los fondos otorgados a través del presupuesto. 

La Unidad de Auditoría Interna realiza un control paralelo en conjunto con la Sindicatura General de la Nación, que depende directamente de Presidencia de la Nación. Actualmente se encuentra en marcha el Plan de Auditoría bianual 2023-2024, al cual toda la ciudadanía de la Provincia de Mendoza puede acceder ingresando al Portal de Transparencia de la Universidad.

Además, se presentan reportes mensuales de ejecución presupuestaria y la nómina de trabajadores ante Subsecretaria de Políticas Universitarias, los balances semestrales y la cuenta de inversión anual -previa aprobación del Consejo Superior de la UNCUYO- ante la Contaduría General de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.

Las cuentas están a la vista. A pesar de ello, el Gobierno Nacional instala programáticamente una sospecha sobre la administración de los fondos asignados. Y, en función de ello, justifica un profundo recorte presupuestario en nuestra Universidad. Esta decisión nos obliga a mendigar recursos adicionales para cubrir gastos e insumos básicos de funcionamiento, de investigación, de extensión, becas estudiantiles y pone en peligro la calidad del servicio que brindamos.

De acuerdo con los datos actualizados del Consejo Interuniversitario Nacional, el 85% de los cargos de los docentes y del 60% de los trabajadores no docentes están por debajo de la línea de pobreza (INDEC). La Ley de Financiamiento Universitario que vetó el Presidente de la Nación y confirmó parte de los representantes de la Cámara de Diputados de la Nación, proponía garantizar el financiamiento sostenido de las Universidades Públicas Nacionales y una recomposición salarial para docentes y no docentes aumentando el presupuesto destinado a ellas, distribuyéndolo entre salarios y gastos de funcionamiento.

Si al veto presidencial, le sumamos las declaraciones públicas agresivas, insultantes y falaces contra nuestra comunidad, nos preguntamos si el móvil de estas acciones es el control de ejecución presupuestaria o la discusión razonable acerca del funcionamiento de la universidad y su aporte a la construcción del conocimiento y al mejoramiento social. Antes bien podemos pensar que se trata de una batalla cultural y de un ataque sistemático con el fin de socavar a una de las pocas instituciones que sigue siendo altamente valorada por la sociedad argentina ya que es la que brinda las herramientas para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alcanzar sus sueños más preciados, por los que tanto se han esforzado.

Vetada la ley, a la Universidad Nacional de Cuyo le toca seguir asumiendo las responsabilidades que siempre asumió, con los pies sobre la tierra, el corazón en las aulas, y la mirada en el futuro. Para el 2025 se prevé que el Estado Nacional solo “invierta” el 0,88% del PBI en Educación, constituyéndose en la inversión más baja de los últimos 10 años. Si tenemos en cuenta el promedio del 1.23% del PBI destinado en años anteriores, contemplando apenas el 53% de lo que se necesita para cubrir los gastos corrientes de las universidades, lo que se avizora en un futuro inmediato es el aumento de las necesidades y problemas de los miembros de la comunidad universitaria.

En acuerdo con lo manifestado por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo insta a los legisladores y legisladoras nacionales a apoyar el financiamiento de nuestra educación pública como un derecho fundamental e irrenunciable de nuestra sociedad, como bien público, como herramienta de movilidad social ascendente, como obligación del estado garantizada en nuestra Constitución Nacional. Asimismo, manifiesta su repudio a los votos que no acompañaron la Ley de Financiamiento Universitario y contribuyeron a dejar firme el veto presidencial, principalmente de aquellos/as quienes representan al pueblo mendocino y son hijos/as y parte de la Universidad Nacional de Cuyo.

Por último,  exhorta a los legisladores nacionales por Mendoza a que defiendan al pueblo de la Nación y a Mendoza con el aumento del presupuesto destinado a las Universidades Nacionales; a que resguarden el financiamiento público de la Educación Superior para permitir que nuestra Universidad continúe ofreciendo conocimiento, cultura, desarrollo tecnológico, e igualdad de oportunidades;  a que introduzcan las modificaciones que consideren necesarias al proyecto de ley de presupuesto 2025, para garantizar al sistema universitario y científico condiciones óptimas de funcionamiento.

La educación superior pública no arancelada garantiza la construcción de un presente y un futuro con trabajo y desarrollo para todos los argentinos. Por esta razón extendemos este pedido a la sociedad mendocina para que nos escuche y nos ayude más que nunca. Cuentan con nosotros. Contamos con ustedes.

¡Educación Pública Siempre!