Por Ivana Ilardo

Agencia Taller. Departamento de Movimientos Sociales

ivilardo@yahoo.com.ar

Por “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, marcharon  miles de mujeres y hombres por Avenida de Mayo hasta el Congreso, e hicieron entrega de un petitorio avalado por casi cien mil firmas.

Liliana Daunes, periodista,  y Cristina Banegas, actriz, leyeron el documento. El mismo  pide: “despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo en las primeras doce semanas de gestación tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país”. También, “el cumplimiento de la resolución ministerial sobre la atención humanizada del pos-aborto y la efectiva atención a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud o ante embarazos causados por violación, que el Código Penal ya exime de pena”.
El documento propone “la conformación de una comisión tripartita, formada por organizaciones de mujeres y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo” para elaborar un proyecto de ley.

En Mendoza se conmemoró  el Día Latinoamericano de la No Violencia Contra la Mujer y se acompañó el cierre de la Campaña Nacional con un acto en la Plaza Independencia en el que participaron diferentes organizaciones feministas y mujeres independientes. Este día se conmemora en homenaje a las hermanas Mirabal, salvajemente asesinadas en 1960 por la dictadura de Trujillo.

El concepto general de violencia puede incluir diversos aspectos que van desde la violencia en el interior de la familia hasta los abusos sexuales, pasando por la trata de mujeres, el acoso sexual en los lugares de trabajo o los delitos contra la libertad sexual.

De acuerdo con las estadísticas publicadas, un 52 por ciento de los actos violentos se producen en el propio domicilio y a manos de la propia pareja. Sólo en nuestro país en el año 1997 murieron 91 mujeres a causa de la violencia domestica, de las cuales un 90 por ciento estaban separadas, habían iniciado los trámites de separación o habían denunciado reiteradamente a su agresor.

La violencia ejercida contra la mujer es un grave problema de la humanidad, por ello la Declaración del Programa de Acción de Viena la declara como “la violación a los derechos humanos que afecta a la mayor parte de la población mundial.”

La Contracepción quirúrgica ya es ley

El pasado miércoles 23 de noviembre se aprobó la ley de Contracepción quirúrgica. Ello permite la práctica de la ligadura de trompas y la vasectomía en hospitales públicos y en forma gratuita.

La aprobación se efectuó después de cinco años en los que la ley descansó en ambas cámaras de la legislatura mendocina. El proyecto ingresó a la cámara de senadores en el 2002, luego de que fuera aprobado en la cámara baja. Después de tres años volvió a la cámara de diputados para aprobar la modificación que contempla la reversibilidad en dicha intervención. Finalmente ya es ley. Hoy la mirada está puesta en su reglamentación que debe hacerse efectiva en 60 días a más tardar.

Agencia Taller consultó a  Mariana Hellin, abogada y militante del movimiento de mujeres, sobre algunos aspectos de la ley a tener en cuenta en dicha implementación. Ella se centró en el contenido de tres artículos (el tercero, el séptimo y el quinto). En ellos se hace referencia al consentimiento de ambos cónyuges en el caso de matrimonios;  al hecho de que sea reversible y a la objeción de conciencia por parte de los médicos que no quieran realizar la cirugía.

En cuanto a lo primero mencionó dos objeciones.  Por un lado, dijo que se podría incurrir en una burocracia que dilataría la intervención con el riesgo de que la mujer en ese transcurso quede nuevamente embarazada.  Por el otro, agregó que “sigue habiendo una tutela de la mujer  por parte del varón disfrazada bajo el argumento de la planificación familiar.” Aclaró que ella está a favor de la planificación familiar pero que  ello se da a través de un proceso de pareja en el que se llega a un acuerdo más allá de lo que la ley disponga coactivamente.

Respecto a la reversibilidad que contempla el artículo séptimo dijo que también podría ser contraproducente “por el hecho de que implica un costo mayor para el Estado y podría dificultar la intervención cuando en realidad no hay mujeres que pidan revertir la cirugía cuando existe el consentimiento informado”.

Finalmente sobre la objeción de conciencia por parte de los profesionales señaló que esta situación debería reglamentarse. “Se podría llevar un registro de quienes tomen esta opción porque existen casos de médicos que se niegan a realizar este procedimiento en hospitales públicos pero lo realizan tranquilamente en el ámbito privado”.

Lo importante agrega la abogada, es que “este tema se haya discutido como sociedad y que se haya ganado. Es un importante gesto político”, concluye.

Cabe aclarar que esta ley tuvo sus fuertes detractores. Nos referimos a grupos conservadores de la iglesia católica, sobre todo a aquellos que pertenecen a la organización  Provida, quienes insisten en la exaltación de la abstinencia sexual y el rechazo del laicismo.  Agencia Taller entrevistó a uno de sus miembros, Jerónimo Mercado, quien dijo al  respecto de la aprobación de la ley:“estoy en contra de la ley porque no se le ha dado el debido tratamiento”. Luego agrega que: “moral y confesionalmente no lo acepto y por una cuestión natural, la mujer no tiene el derecho de mutilar su cuerpo y más si es un órgano para la reproducción, mutilando también el nacimiento posible de personas”

Otro miembro de dicha organización mencionó que: “tanto como estudiante de medicina y como ser humano estoy totalmente en contra. Desde el punto de vista  fisiológico del cuerpo es una alteración bastante grande”.

Sin embargo la  perspectiva de la salud ligado a lo biológico como supone la concepción positivista del siglo XIX es hoy fuertemente cuestionada por algunas/os profesionales de este ámbito y por aquellos/as que se desempeñan en el campo de lo social. Desde estos sectores se reclama y se propone un modelo integral de salud que tenga en cuenta aspectos psicológicos, culturales y sociales.

Podemos decir que de lo que se trata es de la lucha por un cambio de modelo de relación médico-paciente. Un modelo de salud paternalista, asistencialista (el que se practica actualmente) por otro modelo “contractual” “democrático” basado en el principio de autonomía.