- ¿Qué análisis hace sobre la renegociación de las tarifas con las empresas de servicios públicos que el Estado de Mendoza lleva adelante?
- El estado ha llevado toda la renegociación de las tarifas a espaldas de los usuarios.
Que pueda negociar los contratos de los servicios públicos sin darle participación a los representantes legítimos de los usuarios, le da vida. Un ejemplo claro de esto es el transporte donde han hecho absolutamente todo a contra pelo, contra la Constitución y contra los usuarios. Han hecho y deshecho lo inimaginable. PRODELCO ha presentado una denuncia porque una de las leyes se obtuvo con un procedimiento de extorsión.
Nosotros hemos estado absolutamente marginados de las discusiones, porque se trata de negocios con ciertos compromisos que desconocemos. Evidentemente, les preocupa que haya transparencia y claridad en la discusión de la cosa pública.
- ¿Cómo han funcionado en este caso los entes reguladores?
- Cuando el Estado produce un efecto privatizador, que es poner la gestión de la empresa en un particular en muchos casos fue con capitales internacionales, tiene que procurar nivelar el mercado de alguna forma con la participación de los usuarios. Esto se hizo así nomás. Entonces, los aparatos jurídicos se modificaron para que las asociaciones o las uniones vecinales se insertaran en los controles de los entes reguladores, pero se dieron cuenta que eran lugares de participación activa de las organizaciones de consumidores. Entonces lo que hicieron fue intervenirlos. Aparte, se dieron cuenta que eran nuevas fuentes de ingreso, porque esos entes reguladores normalmente se proveían con dinero fresco del fondo de las facturas del bolsillo de los usuarios. Por lo que les quitaron autarquía, independencia económica, independencia funcional y sobre todo les quitaron participación. Los transformaron en organismos con cierto perfil técnico a algo mucho más politizado, con un autoendeudamiento porque empezaron a endeudarlo con una cantidad de planta de personal innecesaria. En vez de designar nuevos directores por un proceso transparente, nombró un interventor y las personas que estaban no fueron sacadas por un proceso conforme lo que establece la ley, con lo cual hicieron perder calidad a las instituciones, credibilidad al ente y pérdida de jerarquía. En el caso del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) denunciamos que en el proceso de selección descubrimos que hubo una psicóloga trucha encargada de evaluar a los directores que están hoy.
- ¿Entonces el manejo del Gobernador Julio Cobos ha sido más mediático que otra cosa?
- Sí. Yo creo que Cobos tiene muy buena proyección mediática porque quien conoce de adentro el problema se da cuenta que lo que se dice no es lo que se hace. Ha sido desilusionante en materia de transporte, en materia de agua y en materia de luz. En realidad, solamente ha pensado como usuario de la vía publica, lo que es el acceso Este.
Llevamos un poco más de un año de su gestión y en materia de servicios públicos es la misma gestión que hace cinco años. Los funcionarios de hoy hace cinco años que están. Son los mismos que en plena crisis aumentaron casi el 50% el costo del abono escolar primario a los niñitos que iban a la escuela a tomar la copa de leche. No les importó renegociar absolutamente nada. Entonces por qué deberíamos creerles, si hemos perdido absolutamente la confianza. En esta provincia ha habido causas penales con empresarios y funcionarios. Nosotros pedimos que se investigara el subsidio del transporte. ¿Por qué se pagaban $1.200 de subsidio de transporte, cuando había 700 colectivos en la calle? Alguien cobró más de $300 o $400 de subsidios por mes. Alguien pagó y alguien cobró de más. Estamos hablando de 300.000 pesos mensuales que alguien cobró en plena crisis.
- ¿Cuáles han sido los resultados de la revisión de los contratos de las empresas de servicios públicos? ¿Qué datos salieron a la luz?
- No se ha hecho nada. A ninguna empresa le interesa que le revisen las cuentas, que le revisen el presupuesto, si cumplió con las inversiones o no cumplió. La renegociación viene con el proceso de crisis donde hay que discutir los contratos de nuevo, empezando con la revisión de qué es lo que han hecho. Evidentemente hay gente que lo ha hecho, el problema es que esa información ha quedado reservada. Si el Estado no quiere difundir esa información, no quiere traer a las organizaciones y poner en común esa información. ¿Por qué la guardan? ¿Qué otra cosa negocian?
Por eso el Estado no tiene capacidad de control o no quiere controlar.
- ¿Cómo analiza, hasta el momento, la licitación del transporte público en la provincia?
- Es una parodia, es toda una puesta en escena. Todos los días inventan algo distinto para resolver esto. La gente debe pensar que acá hay algo más serio, más pensado. No hay nada, lo van inventando sobre la marcha. Se nos ha hecho creer que el transporte público de pasajeros del gran Mendoza siempre pierde plata. Si es tan mal negocio y ha perdido en los últimos 10 o 12 años. Porque no se dedican estos empresarios a otra cosa. Es un negocio monopólico. Seguramente son 7 u 8 empresas las que controlan todo. En Mendoza, como en cualquier otro país, nadie puede compartir una concesión pública teniendo deudas. Esta gente tenía juicios, tenía deudas con la Provincia, deudas con la Nación. Crearon leyes que en los debates parlamentarios, los propios diputados decían que habían sido presionados y extorsionados para que se dictaran. El tema transporte es una vergüenza. Lamentablemente el poder ejecutivo tiene mucho que ver.
Por ejemplo, con las deudas de las máquinas Mendobus, que fueron compradas con dinero del Estado provincial, las empresas impusieron su criterio de que tenían que tener maquinas para gestionar el tema del dinero. Ellos hicieron la compra, hicieron el contrato y como no tuvieron plata lo terminó comprando la provincia. Se compraron como 1.000 máquinas, pero se instalaron 750. Y después de varios años, ellos armaron una empresa que se llama Mendobus, una empresa privada de AUTAM, que son los mimos empresarios de transporte. El Estado les compró todo para que ellos lucraran con nosotros. Estas empresas deben impuestos inmobiliarios y del automotor; multas, casi 100 millones en deudas con el Estado. Y nunca les hicieron nad, ni un apremio. Y nos dicen que es esto o el caos, no hay otra cosa. Y además no se sabe para qué compramos 100 colectivos que están guardados porque no saben dónde usarlos. En realidad compraron 100 colectivos para dárselos a los empresarios. En vez de darle subsidio en plata les damos subsidio en colectivo, dice (Francisco) Morandini (Subsecretario de Servicios Públicos).
- ¿En alguna de las renegociaciones del Estado se ha visto reflejado el interés del usuario?
- No. La renegociación es para saber cuánto tengo que pagar. Si yo no sé eso, la discusión es vana. Eso es lo que se tiene que discutir y nadir quiere ir a esa discusión. Acá no se trata de aumentar el 12%, 15%, 2 % o nada. Se trata de empezar la discusión por donde corresponde ¿cuánto debo pagar? Eso implica saber cuánto le cuesta a la empresa mantener el cableado, comprar la energía eléctrica, el gasto de las empresas que lo transportan y las que generan, etc. Además de un margen de rentabilidad menor que uno le asigna a la empresa. Pero no tengo que pagar por ejemplo lo que pagaron los accionistas que compraron la concesión de Edemsa, que tomaron préstamos internacionales en dólares. Tampoco cuando tomaron préstamos en el exterior para hacer obras porque tenían que cumplir con los contratos de concesión. No tengo que hacerme cargo de eso. El Gobierno no defiende lo intereses del usuario defiende los intereses de la coyuntura de cómo hacen la política.
Maria Laura Salvo
Departamento de Política
