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El Estado no controla las agencias privadas de seguridad

“La capacitación y el registro de los vigiladores es algo que está en la nebulosa. Como el Estado no cumple con su parte de la ley, las agencias lo hacen a media máquina”, sostuvo ante Agencia Taller el responsable del área en el Ministerio de Justicia y Seguridad, José Cortés. En Mendoza funcionan 68 agencias de seguridad privada casi sin control, por eso ahora estudian una reforma en la ley.

14 de mayo de 2005, 12:38.

José Cortés, Director del REPAR (Registro Provincial de Armas) y el REPRIV del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, dijo a Agencia Taller que “hasta ahora las empresas de seguridad tenían que garantizar una capacitación mínima que debía que ser evaluada por el Estado antes de entregarle la credencial habilitante”.

“Esa es una deuda del sistema y por eso estamos armando nuestro propio centro de capacitación. Tras una evaluación entregaremos la credencial con el cuaderno de actuación en donde consten las empresas por las que han pasado los vigiladores, la experiencia y la capacitación en tiro. Son todos requisitos que no se cumplen, pero que los vamos a empezar a cumplir a fin de mes”, explicó el funcionario. La capacitación es uno de los temas importantes que se deben tener en cuenta a la hora de contratar una agencia de seguridad. Aquellos que trabajan en ellas deben saber enfrentar cualquier inconveniente.

En tal sentido, Reynaldo Sombra, Director Técnico de la empresa de seguridad E´larte confirmó la información ante Agencia Taller al sostener que “el Estado jamás intervino en la capacitación de las personas que trabajan en seguridad privada”. “Cada una de las empresas tenía la responsabilidad de hacerlo, pero por muchos años esto se hizo transmitiendo experiencias vividas de los mayores a los nuevos”, apuntó Sombra. La capacitación que se les impartirá a “vigiladores” y “patovicas” es distinta pero solamente en parte. A los que se desempeñan como seguridad en locales de diversión nocturna se les impartirán 4 módulos, entre los que se tocan los siguientes puntos: legislación, seguridad privada, conceptos básicos, conducta humana y defensa civil. Los vigiladores tendrán los mismos módulos, pero además se les sumará la ley de armas y clases prácticas, tanto de manejo de armas como de tiro.

La reforma propuesta a la ley N° 6.441 Daniel Cassia, vicepresidente de la Bicameral de Seguridad, afirmó a Agencia Taller que “la idea es integrar a las empresas privadas al sistema de seguridad de la provincia”, aunque el legislador aclaró que “no tenemos contacto con la ley todavía” porque el proyecto no ha ingresado a la Cámara de Senadores. En la iniciativa que ha enviado el poder ejecutivo de la provincia se encuentran puntos que incorporan nuevas categorías para el personal de seguridad de empresas privadas: · Vigilador de local nocturno (patovica). · Servicio de seguridad de portería (restringe o habilita la entrada a un lugar determinado). · Instaladores de alarmas domiciliarias. · Todo aquel personal que tiene relación de dependencia con la empresa que lo contrató , pero cumple funciones de seguridad.

Sobre esta propuesta, el director de E´larte afirmó que “estaba de acuerdo con que se regule la actividad de estas personas”, pero indicó que “deben ser incluidos en un anexo aparte de la ley ya que las funciones que cumplen cada uno no son iguales, ni similares”. Otro punto a resaltar en la reforma que se propuso es el que hace referencia a la renovación de credenciales habilitantes a los empleados de las agencias de seguridad. Esto se realiza actualmente cada 5 años y por eso se ha pedido que desde ahora, con la reforma de la ley, sea cada 2 años y visadas anualmente.

Roberto Sombra opinó que “hacerlo en este tiempo tan corto significaría inconvenientes, para una empresa que cuenta con la cantidad de personal que tenemos - 300 personas- significaría un problema, porque no solamente hay que actualizar un registro sino que también significa un gasto económico.

Se debería analizar con más detenimiento”. El Ministerio de Justicia y Seguridad habilitará una línea telefónica para que la gente consulte y denuncie sobre los servicios prestados por las agencias de seguridad. Esto es bien visto por los agencieros porque se trata de “una herramienta” para mejorar. Para Sombra se tendría que fortalecer la actividad de control del REPRIV, porque “el solo hecho de reunir información de un determinado ámbito no significa tener controlada la actividad, hay que hacer un seguimiento, tener la capacidad de supervisar, controlar, inspeccionar”

El descontrol también abarca a las CLU En nuestra provincia son aproximadamente 15 las empresas de seguridad que disponen de la credencial de legítimo usuario colectivo (C.L.U.) que les permite el uso de armas. Se trata de una credencial que otorga el Registro Nacional de Armas (RE.N.AR.), previo la realización de un trámite un tanto engorroso. E´larte es una de las empresas que poseen esta credencial. Consultado por Agencia Taller, José Cortés respondió que no sabía el número de las empresas que poseen estas credenciales que no tenía ese número en el momento. El problema se produce porque la información sobre los usuarios colectivos la centraliza el RENAR y solamente si éste avisa, la dependencia provincial se entera. Es por eso que quizás haya instituciones que sean legítimos usuarios colectivos de armas y de las que el REPAR no tenga conocimiento; aunque Cortés aclara que “esto no pasa con las agencias de seguridad”.

El problema de la falta de control sobre las agencias privadas de seguridad que prácticamente constituyen una policía paralela se ha transformado en una preocupación para el Gobierno. José Cortés sostiene que las agencias igualan con sus trabajadores la cantidad de efectivos policiales de los que dispone la provincia. Respecto a esta aseveración, Roberto Sombra dice que el personal de las agencias “no es una policía paralela, no reúne las circunstancias para ser así calificada”. Aunque el directivo de E´larte sostiene que “al estar trabajando en distintos lugares nos constituimos en una fuente de información muy importante y si esa fuente es canalizada convenientemente se va a ver beneficiada la policía”. Y propone entonces como “un acierto del Estado provincial establecer pautas que permitan que las empresas de seguridad mantengan algún contacto a través de reuniones o con el Comando Radio eléctrico de la Policía de Mendoza para transmitir información con agilidad que permita el accionar policial urgente al lugar”.

En definitiva, lo que quiere Cortés es que la seguridad privada se encargue de los temas en los que no hace tanta falta la presencia policial en el evento y así poder disponer de mayor cantidad de efectivos en el momento de hablar de la seguridad pública.

Alfredo J. Gonzalez

alfredo3t@yahoo.com.ar

Departamento de Política

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