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El genocida Luciano Benjamín Menendez, un símbolo viviente de la última dictadura militar (1976-1983) se negó a declarar en el marco de las causas por desapariciones de personas. Menendez fue citado por el juez Walter Bento para prestar declaración indagatoria acerca de 6 causas que lleva adelante el magistrado en la provincia de Mendoza. Entre ellas se investiga la desaparición del escritor Francisco Paco Urondo.

Entre 1975 y 1979 Menendez encabezaba desde la provincia de Córdoba la represión genocida en el III Cuerpo de Ejército. La provincia de Mendoza (sub zona 32) dependía por entonces de sus órdenes.

El represor alegó, en un documento presentado ante Bento y los medios de comunicación, las causas por las cuales se negó a declarar. Entre otras cosas dijo que: “la Constitución Nacional señala en su artículo 18 que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.(…) La ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto armado a nuestra patria era la numero 14029 del código de justicia militar”. Menendez alegó con estos términos que su juez natural es el consejo supremo de las Fuerzas Armadas, y que por ello el juez que lo citó era incompetente.

Utilizando la retórica del terrorismo de estado, el genocida fundamentó que hoy se da una paradoja grotesca: “los terroristas subversivos que, conducidos desde el extranjero asaltaron la república en la década del 60 y 70 porque no creían en nuestras instituciones democráticas y querían cambiarlas por grises organizaciones marxistas de exportación, ahora aprovechan, se refugian, y usan esas mismas instituciones democráticas que atacaron, para juzgarnos a quienes las defendimos”.

Menendez se atrevió incluso a citar en su nota a Carlos Marx: “la paz es la continuación de la guerra por otros métodos”. Con esa frase, el dictador sostiene que los “subversivos” llevan adelante una táctica gramsciana de infiltrarse en todas las organizaciones del país.

Finalmente el genocida afirmó actuar en cumplimiento de la Constitución Nacional como argumento para no prestar declaración a quien no integre un tribunal militar.

Desde horas tempranas, los organismos de derechos humanos y distintos sectores políticos y sociales se concentraron en la explanada de los tribunales federales de Mendoza para repudiar la presencia de Menendez en esta provincia. Ni los familiares de detenidos desaparecidos ni los abogados que los patrocinan pudieron ingresar a la audiencia. Al respecto el doctor Pablo Salinas declaró a ATPA los argumentos dados por la justicia federal para no permitir el ingreso de los querellantes: “se fundaron en el artículo 295 del código Procesal Penal de la Nación”. Y agregó: “nosotros entendemos que esta interpretación del artículo no solo es anticonstitucional sino que genera un privilegio procesal para una de las partes. Salinas finalizó diciendo que “este privilegio viola el principio de igualdad de las partes ante la ley contemplado en una serie de tratados internacionales y en la Constitución Nacional”.

La sensación expresada ante esto por los familiares de desaparecidos era que “la justicia estaba protegiendo a Menendez”. Esta sensación se agudizó cuando los efectivos de la policía federal implementaron un operativo especial para que el ilustre represor saliera ileso del edificio. A pesar de estos esfuerzos los vidrios del auto que conducía la salida de Menendez llevaron consigo media docena de huevos.

Menendez está detenido en dependencias militares de la provincia de Tucumán. Según fuentes locales habría festejado el último 24 de marzo, junto a sus camaradas, el 30 aniversario de la sangrienta dictadura que lo tuvo como uno de sus principales protagonistas.