Es por la plata que se les dará a las empresas por el Valor Agregado de Distribución. El ministro Pérez dio detalles.
El Gobierno explicó ayer el aumento de la tarifa de la luz y aclaró que la diferencia entre el planteo oficial y lo que propuso el Ente Regulador Eléctrico es de $50 millones y “no de $160 millones como se malinformó”.
Así lo expresó anoche el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, quien participó en una reunión que se realizó durante dos horas en la Comisión de Hidrocarburos, Energía y Minería del Senado. El funcionario asistió en compañía de la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez.
Los legisladores querían conocer en detalle por qué el Poder Ejecutivo no aceptó la sugerencia del EPRE en cuanto a la evaluación que hizo sobre el costo del Valor Agregado de Distribución (VAD).
Ese monto era de $406 millones y fue el resultado de varias interconsultas, entre ellas a la UNCuyo y a la UTN.
En su lugar se estableció una suma de $476 millones, lo que arroja una diferencia de $70 millones, “de los cuales $20 millones corresponden a impuestos que no llegarán a las empresas”, apuntó el funcionario ante la consulta de los senadores.
El problema fue que el EPRE no consideró una serie de ítems claves para el desarrollo de las dos distribuidoras y las nueve cooperativas de la provincia, situación que reconoció la propia titular del ente eléctrico, María Eugenia Novatti, quien había estado horas antes en esa misma sala.
En este caso, Pérez precisó el impacto de cada rubro en la totalidad de las empresas: $9 millones de rentabilidad; $5,3 millones por impuesto cooperativas; $5,5 millones de derecho de concesión; $4,3 millones por personal de cooperativas, $16 millones del convenio Sindicato Luz y Fuerza (trabajadores de las distribuidoras), $2,5 millones por vandalismo; $4,5 millones del Impuesto a las Ganancias (para las SA); $5,4 millones de generación aislada y $1,3 millones por escudo fiscal.
Los restantes $20 millones corresponden a $6 millones de ingresos no percibidos; casi $10,6 millones por Impuesto a las Ganancias; $2,25 millones por canon de concesión de las cooperativas y $2 millones de impuestos bancarios incobrables.
El tema de los hurtos que padecen las firmas eléctricas mereció un párrafo aparte en las consideraciones del ministro. Dijo que se trata de un reconocimiento retroactivo –el VAD es a futuro– que se aplicará por única vez a raíz de la existencia de un fallo de la Suprema Corte de la Provincia que data de fines del 2005. Allí se dispuso que la Provincia deberá compensar a las compañías eléctricas por los daños sufridos cuando se efectúe la revisión del cuadro tarifario, lo que justamente se está haciendo en estos momentos. El nuevo esquema regirá por cinco años, hasta el 2013.
“El robo de cables y transformadores no son pérdidas técnicas. Por ello el dictamen judicial fijó que el Estado debe compartir ese riesgo económico con las empresas”, añadió Martínez.
Al encuentro también se sumaron diputados de diferentes partidos, como Carlos Bianchinelli, jefe de bloque del PJ. El justicialista recordó la carta de entendimiento que firmó el Gobierno con las prestadoras del servicio eléctrico en el 2005. En ese año se dispuso un incremento tarifario que recién terminó de aplicarse al año siguiente, por lo que Edestesa ya inició una demanda contra la Provincia por $50 millones.
Además se habló de las inversiones empresariales asumidas por contrato. Con relación a Edemsa, desde el EPRE afirmaron que la distribuidora se comprometió a hacer obras por $54 millones y que sólo tiene pendientes cuatro o cinco previstas para el 2009 y 2010, por un valor estimado de $18 millones.
Pérez recalcó que ya está en marcha la comisión que estudiará el listado de los más carenciados para aplicar la tarifa social.
Decreto firmado
- El lunes de la semana pasada el gobernador firmó el decreto de la suba de la luz.
- El ministro Pérez dijo que la compensación por vandalismo a las empresas –asciende a $2,5 millones– será por única vez y está originada en un fallo de la corte local.
