El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo resolvió por mayoría rechazar el recurso de apelación que, según el expediente 0022429/202, se había interpuesto contra la Resolución 21/2022 de la Junta Electoral General. En contra de la impugnación de este dictamen -referido a la validación del voto en blanco- votaron 24 integrantes del cuerpo, 18 lo hicieron a favor y hubo 2 abstenciones.
De esta manera, el Consejo Superior habilitó a la Junta para que avance con el escrutinio definitivo de los votos válidos de las elecciones del jueves 9 de junio, que dio como ganadora a la fórmula de Interclaustro, conformada por la decana de Ciencias Económicas Esther Sánchez y el docente Gabriel Fidel, por el 51.53% de los votos, frente al 48,47% obtenido por el espacio Compromiso Universitario, integrado por Adriana García y Arturo Tascheret.
En su apertura, el rector Daniel Pizzi adujo que hablaría desde un aspecto técnico, y de otro “profundamente institucional”. En un principio, destacó como notable la tarea desplegada por la Junta Electoral y por haber elegido a dos especialistas en la materia destacados por sus trayectorias y recorridos personales distintos, haciendo referencia al Dr. Puebla y al Dr. Alejandro Pérez Hualde, con quienes dijo coincidir a partir de lo que dictaminaron para la resolución N°21.
Al pronunciarse sobre lo meramente institucional, Pizzi dijo: “Me preocupa y duele mucho que pueda verse afectado el honor, la trayectoria y el prestigio de nuestra querida Universidad por un hecho electoral, porque alguien no reconozca su resultado. Las elecciones se desarrollaron con transparencia, con regularidad, no hubo impugnaciones, no hubo situaciones de conflictividad, hubo sólo dos listas para la candidatura y una de ellas obtuvo la mayoría. Si somos realmente reformistas como lo somos, pero especialmente si somos democráticos tenemos que reconocer la voluntad de la ciudadanía universitaria”.
El Rector, asimismo, dijo no tener posibilidad de arrogarse la interpretación del porqué de los votos en blanco, pero aportó: “No respetar la voluntad de la ciudadanía universitaria y en especial tratar de tergiversarla a partir de interpretar o sobre interpretar qué podría haber dicho cada uno cuando votó en blanco o no, significa en mi humilde opinión, no ser democrático”.
Y siguió: “No hay alegría más grande para terminar mi gestión, en un ámbito universitario con un Rector que le entrega el mando a una Rectora entrante en un acto con estudiantes, con docentes, con todos los graduados, con los nodocentes, con la sociedad mendocina mirando ese orgullo que es la Universidad de Cuyo. Pasar de eso a terminar dirimiendo esto en tribunales, dada sería más doloroso para mí, pero sobre todo para la institución”. Posteriormente pidió , “estar a la altura de las circunstancias”.
Sobre el final de su exposición destacó: “Debemos pensar en lo que significa la UNCUYO para toda la sociedad mendocina, en este país, en el cual todas las instituciones están bajo sospecha, en un país de descreimiento, no seamos cómplices de meter en ese barro a la Universidad Nacional de Cuyo, tenemos que defenderla. Tuvimos un proceso electoral, una fuerza obtuvo la mayoría, la otra obtuvo la minoría”.
Luego de las palabras del Rector comenzó la sesión. Las autoridades de la UNCUYO ofrecieron escuchar a quienes, en su momento, se les pidió opinión consultiva de carácter Institucional sobre la materia a los Doctores: Alejandro Pérez Hualde, Profesor Titular de la Cátedra de Derecho Administrativo II, de la Facultad de Derecho, ex Miembro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Ex Presidente de la Junta Electoral de Mendoza y Ex Miembro de la Junta Electoral Nacional; y Alfredo Puebla Profesor Titular de Derecho Político y Derecho Electoral de la Facultad de Derecho y ex Secretario de la Junta Electoral de Mendoza,(1989-2019).
A partir de allí tuvo lugar un debate entre los distintos consejeros sobre las categorías de los sufragios, las formas de computarlos, las diferentes interpretaciones respecto de la validez o no del voto en blanco, los casos de vacancia de la interpretación, entre otros temas. También se preguntó acerca de las acciones concretas de comunicación y de la decisión de que hubiesen cambios en lo relacionado al cómputo del voto en blanco.
Tanto Alfredo Puebla como Aljandro Perez Hualde respondieron las consultas y aclararon las dudas de las y los consejeros. Explicaron cuáles son las normas a las que se recurre en caso de vacancia de interpretación, cómo es el tratamiento que tiene el código nacional electoral respecto de los votos blancos y aclararon cómo es el caso de la Universidad.
Sobre la medida cautelar
Ignacio Estrada, director de Asuntos Legales de la UNCUYO, explicó que la medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal fue de carácter interino y que su duración estaba condicionada a la presentación a cargo de la Universidad de un informe sobre el interés público comprometido. “Al momento de efectuar la presentación del informe requerido por el Juzgado, la validez o la vigencia de la medida interina cesaba. El informe requerido por el juez se presentó en forma previa al inicio del Consejo Superior y en forma posterior a la recepción de la notificación por parte del Juzgado, el día de hoy”, detalló.
“La sesión del Consejo Superior se hizo dentro de la absoluta legalidad y sin incurrir en un incumplimiento judicial. El pedido de medida cautelar que formuló Compromiso Universitario lo hizo con fundamento principal en la tendencia de resolución de su recurso de apelación, justamente, por la falta de convocatoria a sesión por parte del Consejo. Esa convocatoria se hizo en forma extraordinaria, se comunicó institucionalmente por mail, con las 24 horas de antelación que exige el reglamento y se llevó a cabo el día de hoy. De esa manera, el pedido en términos jurídicos también deviene en abstracto”, explicó el letrado.
Estrada advirtió, además, que al haber rechazado el Consejo Superior el recurso jerárquico -calificado así por la Dirección de Asuntos Legales-, de forma indirecta confirmó el criterio o método de ponderación de votos resuelto por la Junta General Electoral. A partir de esto, ellos como autoridad máxima de los comicios, están en condiciones de culminar con el escrutinio definitivo y, una vez que estén los resultados del escrutinio definitivo, emitir una resolución proclamando a la fórmula ganadora. Luego de eso, el expediente administrativo debe ser elevado al Consejo Superior para que lo apruebe en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias.