Luego, comenzarían las medidas de mejora de las obras que se estiman corren riesgos ante eventuales sismos de gran magnitud. Este estudio toma mayor relevancia tras el último informe elaborado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que arrojó que el 33% de las viviendas y edificios públicos del Gran Mendoza no cuenta con la estructura adecuada para resistir un temblor fuerte.
El plazo del proyecto es de dos años y contará con un subsidio de 330.000 pesos que serán compartidos con otras dos universidades. También la iniciativa contempla otros aspectos como la mejora de puentes, ingresos de edificios y control de materiales para nuevas construcciones.