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En busca de una sociedad igualitaria

Cada 25 de noviembre se recuerda el terrible suceso que arrancó la vida a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes. Sucedió en 1960, bajo la dictadura de Trujillo, en Santo Domingo. Estas mujeres fueron secuestra­das, torturadas, violadas y asesinadas por su lucha contra el régimen. En su homenaje, en 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano, realizado en Colombia, se declaró el 25 de noviembre Día de la No Violencia contra la Mujer.

24 de noviembre de 2010, 14:03.

imagen En busca de una sociedad igualitaria
El Instituto de Estudios de Género (IDEGE) dependiente de Secretaría Académica de la UNCuyo, invita, en la conmemoración de este día, a reflexionar en torno de esta problemática sociocultural universal, que tiene, lamentablemente, una fuerte incidencia en nuestro país y en nuestra provincia.

La violencia contra la mujer o violencia de género tiene graves repercusiones sociales. Su erradicación necesita de un trabajo mancomunado por parte de todos los actores sociales y, fundamentalmente, requiere un rol activo del Estado, a través de la generación de políticas públicas que la encaren, atendiendo a sus causas estructurales y culturales y desarrollando acciones de prevención y contención a las víctimas.

¿Mujer  o género?

La noción de género alude a características culturales, construidas social­mente, en tanto que el sexo refiere a las características bioló­gicas de las personas. El género no es una cuestión tan sólo de mujeres, involucra a hombres, niñas, niños, es decir, a toda la sociedad.

En una sociedad determinada y en un momento histórico concreto, existen conductas y atributos considerados apropiados para cada sexo a los que la sociedad les asigna valores y jerarquías distintos. Esta diferencia de roles y posiciones no está dictada por la naturaleza, la biología o la genética, sino que es el producto de construcciones sociales que consolidan y naturalizan los privilegios de unos grupos humanos sobre otros. Por ello, cuando se habla de la relación mujeres/varones se hace referencia a relaciones de poder que producen desigualdad y a través de las cuales las mujeres quedan en inferioridad de condiciones. Por ello, la violencia contra las mujeres se relaciona con la posición de subordinación que ocupan en las sociedades patriarcales. Sin duda, el concepto de masculinidad asociado a la dominación es uno de los factores de mayor influencia en la conformación de actitudes violentas hacia las mujeres.

¿Qué es la violencia de género?

Las formas o modalidades de violencia son múltiples y los ámbitos incluyen desde el espacio considerado más “privado”, como el hogar, hasta aquel que se ejerce desde el Estado. Desde 2009, se cuenta en nuestro país con la Ley Nº 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Se trata de una ley que contempla todas las formas de violencia que se ejercen, habitualmente, con­tra las mujeres. En el art. 6º se especifican diversas formas de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

Los siguientes datos permiten dimensionar la incidencia de la violencia de género en Argentina y Mendoza:

En la Argentina, el 25% de las mujeres es víctima de violencia, aunque se estima que sólo se denuncia el 10% de los casos y el 50% corre el riesgo de serlo en algún momento de sus vidas. Además, en una de cada cinco parejas hay violencia contra la mujer; y el 42% de las muje­res víctimas de homicidio fueron asesinadas por sus parejas, así lo revela un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

En Mendoza, el IDEGE realizó un relevamiento respecto de los delitos sexuales durante 2010, sobre la base de la información aparecida en periódicos locales y de datos aportados por el ELA (Equipo Latinoamericano de Justica y Género). Estos delitos constituyen una de las manifestaciones de la violencia de género, que afecta tanto a mujeres como niños/as. El estudio muestra que el 64% de las víctimas son menores y, en relación con los agresores, solo el 62% está identificado, de los cuales, el 60% es un familiar o conocido de la víctima.

Como se desprende de las cruentas estadísticas presentadas, la violencia de género es una violación a los derechos humanos que atraviesa todas las clases sociales.  Las mujeres y niñas son objeto de formas con­cretas de violencia debido a aspectos particulares de su identidad.

¿Cómo se debe trabajar para evitar estos hechos de maltra­to y desigualdad?

En los últimos tiempos en la provincia de Mendoza los casos de violencia contra las mujeres y niñas han crecido exponen­cialmente. La problemática arroja resultados preocupantes: las violaciones y abusos sexuales han adquirido formas cada vez más violentas, dentro y fuera del hogar. Además, muchos de los casos que suceden no son denunciados. Es necesario, para combatir estos hechos, que se hagan la denuncia, la que  podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Es precisamente el conocimiento que hoy se tiene sobre los procesos que configuran las relaciones de violencia lo que lleva a proponer modelos de atención integral que incluyan el trabajo desde la prevención, sobre todo con niños/as y jóvenes.

La escuela y los medios masivos de comunicación pueden adop­tar medidas concretas para erradicar y prevenir la discriminación y la violencia de género que se manifiesta a través de la reproduc­ción de estereotipos sexistas, valores y prácticas discriminatorias presentes tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación.

Es fundamental sensibilizarnos como sociedad para producir cam­bios. Muchas mujeres víctimas de violencia han sido educadas en hogares violentos, por lo tanto “naturalizan” la violencia en las relaciones y cristalizan una “supuesta tolerancia a la misma”. Son estas conductas aprendidas las que sirven de soporte a la aceptación del vínculo de sometimiento.

Por ende, se requiere contar con más información, datos, difusión y, sobre todo, más recursos para la aplicación de las políticas públicas y para la imple­mentación de las leyes. Al mismo tiempo, es necesario trabajar tempranamente desde la educación y la formación -en ámbitos formales e informales- como una de las maneras más efectivas para eliminar este tipo de prácticas sociales.

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