La mayoría de los diputados dijo que sería apresurado votar a favor o en contra de un proyecto que aún es debatido.

El tratamiento del proyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial que existe por estos días en la Legislatura provincial tuvo un nuevo capítulo ayer. El debate surgió cuando la mayoría de los diputados de partidos opositores al oficialista (PJ) frenaron el tratamiento de la normativa -que ya cuenta con media sanción del Senado- por considerar que aún queda consensuar varios aspectos con distintas asociaciones, entidades y colegios de profesionales con las que ya se había acordado unificar criterios.

Las diferencias se dan en el marco de la polémica por el adelantamiento de las elecciones legislativas, pero además tiene otro condimento: por ser uno de los ?bastiones' del gobierno de Celso Jaque, el oficialismo busca tener la ley lo antes posible. Incluso, el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, hizo explícita su postura días atrás de "firmar un decreto en el caso de ser necesario".

En líneas generales, el documento que hoy analiza la Comisión Ambiente de Diputados establece tres principios de acción. Estos son el bien común, el federalismo y el desarrollo sustentable. Pero la polémica se da en el cómo se llevarán a la práctica estos conceptos y cuál será el órgano de aplicación.

De acuerdo al escrito que salió del Senado, las decisiones últimas estarían a cargo del Estado, es decir que el ámbito académico sólo tendría injerencia bajo un aspecto consultivo y no intervendría en las decisiones a través de un ente autónomo, tal como lo había dispuesto el anteproyecto que la comunidad científica elaboró a lo largo de un trabajo que llevó dos años.

Justamente, lo que ahora es motivo de cuestionamientos por parte de especialistas, colegios de profesionales y asociaciones, tiene que ver con la participación que se les daría al momento de planificar y controlar las políticas públicas en lo relativo a la utilización del agua y la tierra, así como al ordenamiento urbanístico.

En este sentido, Gerardo Montarulli, titular del Colegio de Arquitectos volvió a defender la existencia de un ente especial, dedicado a la problemática del uso del suelo e integrado por especialistas de todas las áreas involucradas; una propuesta que el Senado rechazó hace tres meses.

Desde la Comisión de Ambiente de Diputados explicaron que aún faltan algunas reuniones con entidades. Antes de que la Ley sea tratada en el recinto, el proceso continúa con el análisis y exposición de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Recién en ese momento y tras algunas modificaciones, la Cámara baja estaría en condiciones de votar.

Ayer, si bien esta instancia se había incorporado a las actividades del día, la mayoría de los diputados de distintos partidos (PD, Confe y UCR) optaron por frenar el tratamiento, para evitar que éste se realice en forma apresurada. "Un proyecto de tanta envergadura no puede ser tratado a la ligera después de que estuvo más de 17 años en la Legislatura. Estamos hablando de una Ley madre para la provincia y es necesario revisar muchas cuestiones", sentenció el diputado radical Raúl Vicchi.

Ocurre que una vez que termine de recibir aportes -solicitados por distintos sectores ambientalistas y científicos-, la Comisión de Medio Ambiente de Diputados deberá emitir su dictamen. Recién allí la Cámara estará lista para sentarse a debatir posturas. Para Amalia Monserrat (Confe), quien preside el grupo de diputados encargados de temas ambientales, el hecho de escuchar todas las voces no es menor.

La última reunión fue con representantes de Irrigación y la próxima va a ser con organizaciones ambientalistas. "No podemos decirles ahora que no los vamos a atender. Estamos hablando de una Ley clave e histórica para Mendoza", aclaró Monserrat y agregó que aún existen puntos que no están claros, al referirse a las modificaciones realizadas por los senadores.

Según los dichos del diputado justicialista Carlos Bianchinelli, el proyecto lleva un tiempo prudencial en el centro del debate. "No podemos perder de vista la obligación de atender un tema tan urgente como esta ley. La idea no era forzar el tratamiento, pero sí que toda la banca de diputados esté en conocimiento", dijo y agregó que la idea era tratarla "en general", es decir sin hacer detalle en cada uno de sus artículos.