El ente regulador basó la cifra en el porcentaje menor de interés anual, pero el Gobierno les otorgó más dinero a las empresas, teniendo en cuenta costos extras por vandalismo y aumento de sueldo a los empleados.

“Optamos por el cálculo que más favorecía a los usuarios”. La declaración de la titular del EPRE, María Eugenia Novatti, explica por qué existe una diferencia de 77 millones de pesos entre la facturación que el ente regulador eléctrico aconsejó para las empresas generadoras del servicio eléctrico (406.570.019 millones de pesos) y lo que el Gobierno finalmente autorizó por decreto (más de 477.000.000 millones de pesos).

El cálculo en el que se basó el EPRE surgió de un estudio realizado por técnicos de la carrera de Ciencias Económicas de la UNCuyo, que proporcionó 3 opciones de tasa anual: 7,6 por ciento, 9 por ciento y 10,3 por ciento. El ente regulador se quedó con el primer porcentaje, mientras que las empresas generadoras de energía querían el último. El Gobierno optó por una decisión supuestamente salomónica, reconociendo mayores costos a las eléctricas que los contemplados en el marco regulatorio del EPRE, por causas tales como vandalismo, generación aislada de energía y suba de sueldos provenientes de la puesta en vigencia del convenio colectivo de trabajo de los empleados, que entró en vigencia a partir del febrero. Así lo explicó el ministro de Infraestructura, Transporte y Vivienda, Francisco Pérez, ante los legisladores que lo interpelaron. Además, recordó que las tarifas deberían revisarse cada cinco años, y que esa fecha se cumplió en el 2006, sin que se tomara la decisión de hacerlo. Entonces, le toca al actual Gobierno hacerse cargo de la incómoda situación de reacomodar la tarifa antes de las elecciones.

Los argumentos del gobierno. Según Pérez, la diferencia de 77 millones de pesos entre lo que aconsejaron los técnicos y lo que autorizó por decreto el Gobierno se basa en algunos aspectos no tenidos en cuenta a la hora de calcular la suba, como el vandalismo, la suba de los salarios y la generación aislada de energía. Recordó que un fallo de la Suprema Corte de octubre del 2005 obliga al Gobierno a compartir los gastos generados por roturas y robos de cables. Esto se denomina “hurtos por fuerza mayor” y lo que determina el fallo es que el Estado comparta los gastos que superen una franja de razonabilidad. Por este concepto, la empresa recibe dos millones y medio más de pesos.

El ítem de la generación aislada se refiere a los costos en combustible que requieren los generadores de distritos alejados, como Polvaredas, Uspallata y Puente del Inca. Por esta causa, se le aumenta a las empresas 5.400.000 pesos. El último aspecto es el aumento salarial de los trabajadores del sector, por la puesta en vigencia de un convenio colectivo que rige desde febrero.

Sin embargo, la composición de los 77 millones del aumento no fue explicada exhaustivamente por el ministro. Lo que sí quedó claro, por parte de la titular del EPRE, es que las generadoras han incumplido la culminación de 4 o 5 obras por 19 millones de pesos, por las que, según Novatti, se pagan multas que impactan en concepto de bonificación, en la factura.

Lo que más impacto genera, a la hora de calcular el incremento, es un Valor Agregado de Distribución (VAD) en el que están contemplados los costos que no corresponden a la generación de energía eléctrica en sí. El Gobierno otorgará 51% por ciento de incremento con respecto al 2008 por este concepto, mientras que el EPRE había sugerido sólo 29% de aumento por el VAD.

Cuándo aumenta. Si bien Pérez no dio la fecha certera de la publicación del decreto de suba del gobernador, dijo que ya está firmado. Este autoriza la suba de entre 5 y 24 por ciento en la tarifa eléctrica a partir del 1 de agosto, pero retroactivo a marzo.