Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por el Congreso argentino en 1986 y 1987 respectivamente, fueron derogadas en marzo de 1998. No obstante se interpretó que la derogación de estas leyes carecía de efecto retroactivo. Sin embargo, desde marzo de 2001 varios tribunales argentinos se pronunciaron sobre la nulidad de estas leyes. En agosto 2003 el Senado argentino anuló las leyes de Punto Final yObediencia Debida confirmando la decisión durante el mismo mes de la Cámara de Diputados.

Después de todos estos reconocimientos la Corte Suprema decidió darle punto final a estas leyes declarando la inconstitucionalidad de las mismas el día 15 de junio de este año. Consecuencia de la lucha que han llevado los organismos de derechos humanos y los familiares por mantener la memoria, exigiendo la verdad y la justicia.

Según Marcela Monteleone, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la importancia que tiene el fallo de la Corte es que terminó de alguna manera con la impunidad al declarar la inconstitucional de la leyes. Estas leyes lo que hacían eran impedir que los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina fueran juzgados.

“La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia de vida y Punto final, nos acerca más a la posibilidad de acceder a la verdad y la justicia, por lo que venimos luchando hace 29 años”. Expresó Isabel de Pérez, integrante de la Organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos.

Para los defensores de los Derechos Humanos la inconstitucionalidad de la Corte no tiene un alcance general como si fuera una ley. Porque ha sido declarada en un caso especifico, que es el caso de la desaparición forzada de José Liborio Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y su hija Claudia Victoria, ocurrida en 1978. Es decir, que cada uno de los casos tiene que pedir la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Pero si tiene una gran importancia porque moralmente obliga a los jueces  a seguir el fallo de la Corte.

Hoy en día las condiciones están dadas para el pedido de justicia contra el terrorismo de Estado que hubo en Mendoza. “Esperamos  que la justicia ahora sí empiece a investigar. Es decir, que se haga un juicio conforme al derecho y se los condene por los delitos que cometieron”, manifestó Marcela Monteleone del MEDH.

Monteleone aclaró que estamos hablando de realizar una investigación donde hay documentación que no es fácil conseguir, y en algunos casos no está. “La búsqueda tiene que hacerse a través de la justicia, tiene que hacerse cargo el juez”.

Actualmente ninguna de las personas que estuvieron involucradas en el terrorismo de Estado en Mendoza han sido juzgadas, nadie ha sido llamado a declarar todavía.

Las organizaciones de derechos humanos señalaron que es positivo el fallo de la Corte. Pero remarcaron que la justicia tiene que realiza actos concretos porque si no recae en una formalidad. “Esto nos permite a los familiares exigir que la Justicia actúe de forma rápida, ya que después del fallo no hay excusa para no llevar adelante las investigaciones y detenciones correspondientes de todos los involucrados en el terrorismo de estado”, expresó Isabel de Pérez.

Además afirmó “hasta ahora el juez federal Castilla ha venido dilatando las investigaciones, cuando los Organismos le hemos aportado, las pruebas suficientes en 45 causas. Una de las causas es la de Las Lajas, que hace ya un año que ha sido presentada y aún hoy no ha dado respuesta alguna”.

Para Marcela Monteleone es necesario poner recursos a favor de esa lucha. “El MEDH ha tenido entrevistas con el juez que dice no tener recursos para investigar. Eso va coartando las posibilidades de tener justicia. Porque si no hay recursos para las investigaciones, no hay recursos para hacer las pericias, incluso para traer testigos que tienen que venir de otro lado o peritos que tienen que venir de otro lado. La posibilidad de obtener justicia es escasa”.

Todos sabemos que este un principio de un reclamo de justicia. Muchos se manifiestan esperanzados, otros prefieren ser más precavidos exigiendo que de ahora en más todas las investigaciones de Mendoza avancen hacia el descubrimiento de la verdad. Pero también hay que reconocer que este es el principio de acabar con una serie de decisiones políticas que aseguraron la impunidad de los autores de los delitos. Como por ejemplo los indultos que Carlos Menem expidió en 1989 y 1990 en favor de militares implicados en violaciones de derechos humanos.

María Laura Salvo

lulisalvo@hotmail.com

Departamento de Política