Como hasta ahora el Gobierno no ha tomado una decisión respecto al futuro del Grupo 2, mandó a la Legislatura un proyecto que deberá ser discutido primero en Diputados y luego en el Senado, para prorrogar 12 meses el manejo de la empresa en manos del Estado.

Este mecanismo se ha pedido varias veces. En agosto del 2005 el entonces ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, pidió una prórroga de un año y medio para resolver el futuro de la línea pero desde entonces tanto la administración anterior como la actual han pedido sucesivamente este permiso para dilatar una definición.

Mientras tanto, bajo el paraguas de este marco legal el Gobierno esperará los resultados de dos estudios que servirán de argumento para tomar una decisión.

Por un lado, en abril tendrá el primer avance del estudio de costos encargado a la UNCuyo para conocer si la empresa genera pérdidas o ganancias y por otro lado el Ministerio de Infraestructura hará una encuesta para medir el grado de satisfacción de los pasajeros del grupo estatal. La medición se hará la semana entrante y abarcará 1.500 casos.

Con estos resultados el Estado estará en condiciones de tomar una decisión. Y es en este punto donde algunos referentes de la oposición han expresado discrepancias con el oficialismo. “En primer lugar, si quieren considerar esta línea como el modelo a seguir debería ser estatal pero por las críticas que deslizan sobre el estado de la empresa pareciera que la intención va en sentido contrario”, planteó al final de la reunión Leopoldo Cairone (UCR).

Otra discusión

El pedido de una nueva prórroga ahora deberá ser sometido a discusión en las dos cámaras y promete discrepancias. Para hoy está previsto que el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, asista a la Comisión de Obras de Diputados a la que fue invitado para analizar el futuro del Grupo 2.

El pedido fue realizado por el bloque CONFE, que adelantó duras críticas a la posible privatización de la línea. En los fundamentos del proyecto de resolución pedido por Santiago Cazzoli aprobado la semana pasada se sostiene: “El Gobierno para llevar adelante esta desacertada iniciativa aduce serias dificultades operativas, fundamentalmente vinculadas con la disponibilidad de unidades en condiciones de circular, ya que de 110 funcionan sólo 60, y por la constante inversión en insumos que nadie controla. Lo notable de estas afirmaciones es que quien administra esta empresa es el Gobierno y por ende es el responsable directo de esta situación”.