APM/ATPA Acuerdo de corresponsalía recíproca
9/5/06 Luego de cumplir una de sus principales promesas de campaña al nacionalizar los hidrocarburos pasado lunes 1º de mayo, el gobierno del presidente boliviano Evo Morales se apresta a impulsar otra: una ley de reforma agraria que termine con el latifundio en las zonas del país donde aun subsiste y el reparto de la tierra entre campesinos e indígenas.
La medida se aplicará antes de que los bolivianos voten a sus delegados en la Asamblea Constituyente, el 2 de julio. En forma prioritaria está destinada a la zona oriental de Bolivia, es decir en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y en la región del Chaco, sectores donde el latifundio improductivo está más extendido.
“Puede decirse que es una nueva reforma agraria”, aseguró el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz ya que “se trata de de una transformación lo suficientemente profunda de las estructuras socioeconómicas e institucionales del agro”.
Con la reconducción del proceso de reforma en vigencia, el Gobierno confiscará las decenas de miles de hectáreas de tierras improductivas que no cumplen con una función social y económica según lo establece la Constitución Política del Estado y las redistribuya a los indígenas y campesinos, informó el diario paceño La Prensa.
Para los investigadores de organizaciones que estudian la tenencia y uso de la tierra en el latifundio debe eliminar rápidamente ya que obstaculizó la producción del agro en el país.
Almaraz dijo que de haber resistencia a las transformaciones del agro, el Ejecutivo usará la fuerza pública para revertir las grandes extensiones de tierra improductiva que están en pocas manos. Según el funcionario solamente el 5 por ciento de la totalidad del agro en Bolivia se encuentra en el marco de una distribución equitativa de la tierra. “La propiedad agraria ha generado el ejercicio del poder”, señaló Almaraz, quien agregó que “gente que logra acceder a títulos de propiedad de esa naturaleza ni siquiera conoce los terrenos. Son personas influyentes políticamente e incrustadas en el Parlamento”.
La última Reforma Agraria en Bolivia data de 1953. En ese entonces promovió la distribución de tierras a los comunitarios del altiplano y los valles, pero no afectó a las tierras bajas del oriente del país.
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 40 años después de la Reforma Agraria, Bolivia está catalogada como la nación que tiene el mayor acaparamiento de tierras en pocas manos en el continente americano. Sin embargo, luego de promulgada la Ley 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria en 1996 funcionarios del mismo en organismo relacionados con los grandes latifundistas de las tierras bajas de Bolivia evitaron el saneamiento del agro y perjudicaron el desarrollo productivo del campo.
La nueva reforma no tocará las tierras en el altiplano y en los valles, y aquéllas que son fiscales serán distribuidas bajo el sistema de la propiedad colectiva.