Por Germán Gonaldi

APM – Agencia Taller

Cuando el gobierno peruano se encontraba inmerso en la discusión diplomática con Chile por fijar una nueva frontera marítima, llegó desde oriente un visitante largamente reclamado y buscado por la justicia del país andino. Fujimori arribó a Santiago el domingo 6 de noviembre y de inmediato ocasionó revuelo en la dirigencia y la sociedad incaica.

El ex presidente viajó secretamente en un vuelo privado desde Tokio hasta la ciudad mexicana de Tijuana y de allí hacia la capital chilena, generando muchas dudas acerca de por que ninguno de los controles aduaneros informó a Interpol sobre su presencia, sobre quien pesa la orden de captura en más de 180 países.

Si el presidente de Perú Alejandro Toledo se veía atosigado desde más de tres años por la crisis económica, las protestas sociales, el fracaso del referéndum por la integración regional de octubre y la tensión con Chile, la extradición del “Chino” y su enjuiciamiento le daría la última chance de mejorar su magro 15 por ciento de imagen positiva entre los peruanos, a sólo 5 meses de las elecciones presidenciales en las que nadie se atreve a pronosticar un resultado.

La presencia tan cercana de Fujimori puede movilizar a sus seguidores que añoran la mano dura con la que dirigió al país y la recuperación macroeconómica que se dio en los diez años de su gobierno. A pocos meses del elegir nuevo presidente, las encuestas le dan entre 14 y 18 por ciento de intención de voto, cerca de la candidata Lourdes Flores Nano, de la coalición derechista Unidad Nacional y del ascendente nacionalista Ollanta Humala.

Sin embargo, sobre el ex mandatario pesa la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2011, dispuesta por el Congreso tras sus asilo en Japón.

El pedido de extradición a Chile ya esta en marcha, aunque se estima que no tardará menos de 6 meses. A Fujimori lo esperan 22 procesos judiciales: está acusado de corrupción, torturas, asesinatos, enriquecimiento ilícito y desapariciones de personas durante sus dos mandatos presidenciales entre 1990 y 2000.

Una de las acusaciones más graves se refiere a la creación del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que entre 1991 y 1992 torturó y asesinó a 25 personas, vinculadas, se cree, a la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. En todas las regiones del país se hicieron movilizaciones civiles y de grupos estudiantiles y de derechos humanos repudiando al ex presidente, exigiendo que regrese al país para ser juzgado por la justicia peruana.

Para este martes está programada otra marcha en la capital: Víctor Delfín, del colectivo La Resistencia y participante activo de la marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000, convocó afirmando que “la gente no puede olvidar que Alberto Fujimori y sus gavilla de delincuentes saquearon el país y se repartieron nuestros recursos”. Desde el arco político las repercusiones han sido moderadas. Alan García, líder del opositor Partido Aprista Peruano y ex presidente entre 1985 y 1990 dijo que la repentina llegada del ex presidente Fujimori a Chile “ha tenido un fin netamente publicitario, de lo contrario habría aterrizado en Lima”. En tanto Lourdes Flores Nano aseguró que “el Perú necesita orden y paz y estos factores de perturbación ya no son la garantía de orden y de paz. Desde el lado de los sectores democráticos tiene que haber un apego estricto a los procedimientos legales y serenidad”. El ex presidente interino Valentín Paniagua, de la Acción Popular no se pronunció sobre el tema.

En cambio los que si han reaccionado con dureza fueron el propio gobierno, la prensa y la central obrera. Antes de agradecer al gobierno de Chile por la detención, el presidente Toledo aseguró que “no permitirá que intente burlarse, pagando un avión de medio millón dólares, burlando a Interpol, pensando que no existe la justicia”. Con un lenguaje pseudo popular e impostado, Toledo agregó que Fujimori debe “cantar ante la justicia”.

Mario Huamán, de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) afirmó que “el país necesita un esclarecimiento de lo que pasó realmente durante la dictadura: torturas, seguimientos, asesinatos, despidos ilegales, robo de los fondos de la privatización”. No es raro encontrar en los diarios limeños apelaciones como “fujimorato”, o dictadura” cuando se habla de la década fujimorista. El mismo ex mandatario se autodenominó alguna vez como “Chinochet” haciendo un juego de palabras con su apodo y el dictador chileno Augusto Pinochet.

Fujimori ganó sorpresivamente la presidencia en 1990 con el novato partido Cambio 90, derrotando al escritor Mario Vargas Llosa, representante de los moderados sectores liberales, luego de una profunda crisis económica y de descreimiento de la gente por los partidos tradicionales. De inmediato hizo del pragmatismo una bandera: aplicó una política económica de mercado y privatizadora acorde con la ola neoliberal conservadora de los noventa en Latinoamérica. En 1992 disolvió el Congreso peruano y la corrupción y la impunidad fue moneda corriente. Luego de la reelección de 1995 el régimen fujimorista se acentuó, y el descontento de la sociedad también. Los poderes otorgados a su oscuro jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, responsable de desapariciones forzadas de opositores, tráfico de drogas, torturas, entre otros cargos ya visibles en su segundo mandato, hicieron que las protestas se hicieran cada vez más fuertes.

Ese fue el germen para que diversos sectores políticos y del pueblo- cuya figura principal fue el actual presidente Toledo- llevaran a cabo masivas manifestaciones en todo el país durante el año 2000, a pocos días de la segunda reelección de Fujimori. Al final de una visita a Brunei, se fue a Japón, desde donde renunció por fax y se hizo ciudadano japonés para asilarse en ese país. Desde ese momento la justicia peruana ha pedido, infructuosamente que lo extraditen a Perú para ser juzgado allí.

Nadie cree que el viaje a Chile, fronterizo con Perú, haya sido turístico. ¿Qué es lo que planea Fujimori? Acaso tomar la temperatura social para volver a presentarse como candidato en las elecciones de abril de 2006? Si fuera así tendrá que sortear los cargos en la justicia que le impiden presentarse con su agrupación para cualquier cargo electivo, hecho que hoy parece muy lejano. Para el analista político y periodista del diario peruano La República “una estrategia así implica forzar, torcer y hasta fracturar el sistema legal. Requiere crear situaciones de conmoción, de desorden y de intimidante presión en las calles; mientras se coacta o soborna a las autoridades judiciales y electorales, para forzar su inscripción y su impunidad”.

Otra pregunta es ¿cómo afecta la venida al sur del ex presidente al ya débil y agonizante gobierno de Toledo? Las especulaciones son varias, pero hay consenso que aun cuando se lo juzgue en Lima de aquí a abril, el éxito no alcanzará para impulsar al candidato oficial de “Perú Posible” a ganar la presidencia del Perú en el período 2006-2011.