Por María Laura Salvo

Departamento de Política

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Todo comenzó en el año 2000 cuando un grupo de personas en busca de una solución habitacional dieron con un proyecto llamado “Terrazas de la Ciudad”, financiado por el Banco Galicia.

El proyecto, propiedad de  los hermanos Sergio y Lina Gaido, consistía en la adquisición de un lote y la construcción de una casa. Los ingenieros a cargo de la obra fueron primero el Darío Funes y luego Domingo Marzari. El crédito bancario se comenzaba a pagar una vez entregada.

Amalia Monserrat, entonces Directora de Vivienda de la Municipalidad de Capital, emitió el 12 de noviembre de 1998 una certificación donde expresaba que se encontraban todos los servicios de infraestructura mínima.

Según la actual directora de la Empresa Provincial de Transporte (EPMT), la obra contaba con las factibilidades de agua potable, luz eléctrica, cloacas y gas.

Con esta certificación los vendedores del lote, así como los constructores, podían llevar adelante su plan, ya que a partir de este papel la Dirección Provincial de Catastro confeccionó un plano donde se hace referencia expresa a que: “la  Municipalidad de Capital certifica los servicios de agua potable y luz eléctrica”. Este documento fue usado para promocionar el proyecto de vivienda.

“El banco promocionaba la venta del lote con documentación, - la certificación de Amalia Monserrat- que decía que estaban los servicios de luz, agua y gas”, explicó una de las personas afectadas.

Consultada por Agencia Taller, Amalia Monserrat dijo que en ese barrio el municipio no intervenía sino que verificaba el loteo. “Esta denunciada está más dirigida a la Municipalidad, pero el último que firma es el que tiene los problemas”, sostuvo.

El abogado de Monserrat, Marcelo Viglieri, señaló que en la primera causa que se presentó ante la Justicia, la funcionaria fue sobreseída (se declaró que no tenía responsabilidad). En consecuencia, y según la lógica del defensor, en las otras denuncias se usaría el mismo criterio.

A pesar de la afirmación, Agencia Taller pudo saber a través de una fuente judicial con acceso al expediente que se encuentra en el 8vo Juzgado, que la funcionaria aún no ha presentado papel alguno que la desvincule. Tampoco se presentó a declarar el pasado 29 de agosto, aunque estaba citada.  

La defensa sostiene que la Municipalidad nunca certificó los servicios, sino que sólo expresó que el proyecto contaba con todas las factibilidades. Es decir que estaban todas las posibilidades para que el loteo tuviera los servicios.

Viglieri explicó que la comuna tenía, en ese momento, convenios con cooperativas de vivienda que eran las que llevaban a cabo los trámites. Y que en este caso se hizo cargo la Asociación Mutual Independiente de Cuyo (AMICUYO).

“Al principio nadie sospechaba nada hasta que, con las prórrogas, empezamos a averiguar en la Municipalidad. Buscamos los planos y nos encontramos que se habían perdido los expedientes”, manifestó Juan Carlos Marital, propietario de una de las casas.

“Llegó un punto en que las casas no estaban avanzando, las obras de infraestructura, como cloaca, agua y gas, no estaban. Desapareció la gente a la que se podía reclamar como el ingeniero Marzari. Hasta los obreros tomaron la obra porque éstos constructores no les habían pagado. Entonces, uno no podía entrar a su casa” manifestó Gabriel Lagier, otro de los perjudicados.

Además, agregó: “la construcción quedó abandonada y empezaron a llevarse los techos, la madera y las tejas. Hay casas donde se robaron todo”.

“Te sentís tan desamparado… Cuando reclamas y empezás a investigar, te encontrás con todas estas cosas, ni siquiera con el apoyo de la Municipalidad”, contó Lagier.

Para Marital, la sensación es similar: “yo me he desmoralizado. He hecho todas las denuncias, me he presentado ante un abogado y no se puede hacer nada. Y usted ve que hay pruebas, como por ejemplo la firma de Monserrat”, afirmó.

“Evidentemente hubo una vista gorda. ¿Quién la hizo? ¿quién fue?, no lo podemos saber. Cuando se pongan a investigar qué pasó en la Municipalidad; por qué no inspeccionó, no supervisó. Ahí va a saltar todo el mundo”, indicó una de las perjudicadas.

Actualmente en el lugar donde se iban a construir las casas del barrio ‘Terrazas de la Ciudad’ hay movimientos de tierra.

“Todo lo que es la periferia, que también iba a ser parte de este complejo, lo están vendiendo con el nombre de “Las Condes”. Además, el loteo tiene un cartel que dice que tiene luz, agua y gas. No me extrañaría que hubiera una nueva estafa”, denuncia Lagier.